Uno de los diez detenidos en la tercera fase de la operación Petrum, que investiga la trama del 3%, es Josep Manel Bassols, alcalde convergente de Anglès (La Selva) de 1995 a 2003 y marido de Núria Bassols, nombrada comisionada para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública el pasado mes de febrero. Se trata de un cargo adscrito al Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya.
Josep Manel Bassols, vinculado ahora por la investigación dirigida por el Juzgado número 1 de El Vendrell con las comisiones ilegales, tiene un estudio de arquitectura y, desde 2011, ejerce como delegado en Catalunya de la constructora Oproler, que tiene a otro cargo más detenido en el marco de la misma operación, Sergio Lerma, y se encuentra bajo la lupa de la Justicia.
En la vida política de Bassols, además, destaca su responsabilidad como jefe de la campaña convergente en las elecciones municipales de 2011, en las que el candidato de CiU, Carles Puigdemont, llegó a la alcaldía de Girona. Josep Manel Bassols forma parte de la ejecutiva local de CDC en Girona y se mantiene cercano a las élites convergentes locales.
En cuanto a su esposa, jueza en excedencia con cargo en la Generalitat, sobresale en su biografía de más de dos décadas de carrera el archivo, en 2013, de la causa contra Ferran Falcó, diputado convergente en el Parlamento catalán y regidor de Badalona, porque consideró que no estaba implicado en la supuesta trama de comisiones ilegales del caso Adigsa, empresa pública que Falcó presidía.
Núria Bassols, que ha ejercido como magistrada en el Tribunal Superior de Jústícia de Catalunya y a la Audiencia Provincial de Girona, también revisó el caso Casinos, que archivó sin pedir la declaración del acusado. Además, fue directora de la Escuela Judicial de 2007 a 2008. El Consejo General del Poder Judicial la destituyó argumentando «pérdida de confianza» y «falta de nivel y de idoneidad» para el ejercicio del cargo.
Desde que asumió su nueva responsabilidad en el Gobierno de Artur Mas, encabeza «la coordinación, despliegue e implementación de las medidas necesarias para la aplicación de la legislación de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con las directrices fijadas por el Gobierno y bajo la dirección superior de la persona titular del Departamento», que al principio era la exvicepresidenta Joana Ortega y ahora es la consejera Meritxell Borràs.
