Los Mossos d’Esquadra llevan a cabo un trabajo de mediación con los diferentes imanes de las mezquitas de Salt (Girona) a raíz de los incidentes que se produjeron este lunes y que acabaron con incidentes en la comisaría de la localidad. Todo ello a raíz del desahucio, el pasado viernes, de un imán de su piso en el paseo de los Països Catalans de esta localidad.
Según difunde la ACN, el desahucio se produjo sin incidentes, pero este lunes tres personas volvieron al piso para reventar la puerta y entrar de nuevo. Entonces la alarma que se había instalado advirtió a los Mossos, que acudieron al domicilio e hicieron efectivo el desalojo de las tres personas, lo que desató las protestas de un centenar de personas.
A raíz de estos hechos, el Sindicat de l’Habitatge de Salt ha convocado una manifestación, que ha congregado a unas 250 personas, para protestar contra la actuación policial y el desahucio. La marcha ha acabado ante el ayuntamiento y los Mossos están mediando con los responsables de las diferentes mezquitas y con los compañeros del imán que desahuciaron para explicar la actuación de este lunes, que acabó con lanzamientos de huevos y piedras contra los policías.
La protesta inicial, a las 18 horas, agrupó alrededor de un centenar de personas en la calle, muchas de ellas de la comunidad del imán. En esta situación, los Mossos pidieron apoyo al Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y a patrullas de Seguridad Ciudadana de Salt y Girona. Ni agentes ni manifestantes resultaron heridos, no se practicó ninguna detención, y solo una persona tuvo que ser atendida por un ataque de angustia por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
El Ayuntamiento de Salt ha condenado los desahucios «reiterados» a pisos de grandes tenedores, propiedad de fondos buitre o de entidades bancarias que, aunque están amparadas por el marco legal, acaban provocando que haya viviendas vacías que no se pueden movilizar para dar respuesta a las «grandes necesidades residenciales» de la población. En este caso concreto, el consistorio ha criticado el desalojo «exprés» de la familia y el hecho de que la propiedad no haya atendido la petición para acordar un alquiler social.
