El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tiene previsto juzgar este jueves y viernes al exconsejero de Cultura y diputado de JxCat en el Parlament Lluís Puig, exiliado desde 2017, por un delito de desobediencia porque no entregó voluntariamente las 44 piezas del monasterio de Villanueva de Sigena (Huesca) que había en el Museo Diocesano de Lleida. Las piezas se las llevó la Guardia Civil en diciembre de 2017 en plena intervención de la Generalitat por parte del Estado con el artículo 155 de la Constitución.
El fiscal pide una pena de multa de casi 6.000 euros para Puig, que debería declarar por videoconferencia, y también para Santi Vila, predecesor suyo, que será juzgado por un juzgado de lo penal de Barcelona en mayo. Igualmente, la acusación particular del Ayuntamiento de Villanueva de Sigena pide 99.000 euros de multa y dos años de inhabilitación para Puig. Para Vila, pide 11 meses de prisión y 162.000 euros de multa porque añade el delito de usurpación de atribuciones judiciales.
La vista oral se prevé que comience a las 9.30 horas de la mañana en la sala de vistas del TSJC, en el Palacio de Justicia de Barcelona. Puig, que vive a caballo entre Bruselas y el sur de Francia, debería declarar por videoconferencia desde Bélgica, pero no está claro del todo, porque las autoridades belgas han puesto pegas. No obstante, Puig podría ser juzgado en ausencia, ya que le piden una pena inferior a los dos años de prisión y, por tanto, no es necesario que presencie la vista.
Después está previsto que declare Vila como testigo, pero también como coacusado, ya que está pendiente de juicio. Por ello, estará exento de la obligación que tienen todos los testigos de decir la verdad. Posteriormente, está prevista la declaración de siete testigos más, uno de ellos policía, y un perito. Para el viernes se prevén los informes finales de las tres partes.
Antecedentes
Inicialmente, el juzgado instructor de Huesca había impuesto una fianza de 216.000 euros a Vila y de 88.000 euros a Puig, y tanto acusaciones como defensas presentaron sus escritos para el juicio. Sin embargo, cuando Puig se convirtió en diputado en el Parlament en febrero de 2021, la causa pasó al TSJC, que, además, anuló todas las diligencias judiciales practicadas contra él desde diciembre de 2019 y rebajó las fianzas a 17.250 euros, ya que la defensa de Puig y el Tribunal Constitucional consideraron que eran excesivas y lo veían como una pena anticipada. Los 17.250 euros es lo que el gobierno aragonés dice que costó el traslado de las 44 piezas del Museo de Lleida a Sigena.
El monasterio femenino cisterciense de Santa María de Sigena fue saqueado durante la Guerra Civil española, pero algunas obras pudieron ser rescatadas y acabaron en Cataluña, ya que entonces dependía del Obispado de Lleida. Algunos frescos todavía están en el MNAC y 44 piezas fueron expuestas en el Museo Diocesano de Lleida. Sin embargo, durante el franquismo, las parroquias de la Franja de Poniente fueron segregadas del Obispado de Lleida para pasar a formar parte del nuevo obispado de Barbastro-Montsó.
Ya durante la democracia, la Generalitat de Catalunya adquirió las obras y catalogó buena parte, pero el gobierno aragonés reclamó su retorno. La justicia ordenó el retorno de las obras catalogadas a Sigena, pero el consejero Vila se opuso al retorno y Puig, que asumió el cargo de consejero a principios de julio de 2017, tampoco ordenó el retorno.
Pese a los recursos y la oposición de la Generalitat, la Guardia Civil entró en el Museo de Lleida la madrugada del 11 de diciembre de 2017 en medio de un fuerte despliegue y ejecutó la orden judicial por la fuerza. La Generalitat en aquel momento estaba coja porque no había ni Govern interino, después de que el gobierno español del PP aplicara el artículo 155 de la Constitución, interviniera la autonomía, convocara elecciones para finales de diciembre de 2017 y destituyera a todo el gobierno y a otros altos cargos.
