Los exregidores del PSC en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Cristian Alcázar y Cristóbal Plaza han aceptado este martes nueve meses de prisión por los delitos de apropiación indebida y contra la Seguridad Social por la liquidación fraudulenta del sueldo que el segundo cobró cuando dejó un cargo en el Consejo Deportivo de la ciudad. Tanto Alcázar, que era teniente de alcalde y también líder del PSC en la ciudad, como Plaza, tenían que ser juzgados en la Audiencia de Barcelona, pero, según ha avanzado el diario Ara y ha confirmado la ACN, finalmente han llegado un acuerdo con la fiscalía, que inicialmente pedía cuatro años y medio de prisión para ambos, y con la acusación popular, ejercida por los comunes, que reclamaban seis años y sumaban el delito de malversación.
Para conseguir la conformidad ante el tribunal, ministerio público y comunes han aplicado a los dos acusados la atenuante de reparación del daño, ya que han abonado los 47.147 euros de indemnización que les reclamaban por simular el despido irregular de Plaza y 6.486,96 euros más por las cantidades que indebidamente percibió en concepto de prestación por desempleo. El pacto también suspende durante dos años el ingreso en prisión.
Los hechos se remontan a diciembre de 2016, cuando Plaza era secretario técnico del Consejo Deportivo, cargo equivalente al de director. Trabajaba desde 2001. Según el relato de las acusaciones, cuando quiso dejar el Consejo Deportivo para saltar a la política institucional en L’Hospitalet, él y Alcázar simularon un despido improcedente para que él pudiera recibir una indemnización. Así cobró 47.147,62 euros. Después, Plaza fue fichado como asesor de la entonces alcaldesa Núria Marín, pero unos siete meses después regresó al Consejo Deportivo de L’Hospitalet y presidió la entidad.
La realidad, según la fiscalía y los comunes, era que se trataba de una salida pactada, por la que no habría tenido que percibir indemnización alguna. Alcázar, concejal de deportes y responsable político del Consejo Deportivo, maniobró para hacerlo posible: en la carta de despido, que firmó él mismo, se aludía a supuestas causas «económicas y organizativas» para hacerlo fuera, una situación que sí da derecho a percibir indemnización.
De cara a la galería, el relevo de Plaza nunca se presentó como un despido: se le hicieron cuatro actos de despedida y algunos obsequios, como un iPad o un cheque de 300 euros en material deportivo. La prueba de que la entidad no pasaba penurias económicas en aquel momento es que poco después, con el nombramiento del sustituto de Plaza, Eduard Galí, se subieron los sueldos.
A diferencia de la fiscalía, la acusación de los comunes consideraba que los 47.147,62 euros salieron de una subvención del ayuntamiento que se dio ad hoc al Consell para que Plaza se pudiera embolsar ese dinero, algo que también habría implicado al consistorio. En los seis meses que pasó entre el despido y su incorporación como asesor (luego estuvo en las listas del PSC y entró como concejal) cobró un sueldo mensual a cargo de la Seguridad Social de 6.400 euros.
Hace ahora cinco años el caso de presunta corrupción del Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat sacudió la federación local del PSC y el Ayuntamiento de la ciudad, donde los socialistas gobiernan desde hace más de cuarenta años. La causa madre, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos a través de esta entidad, está encallada en el juzgado de instrucción número 2 de L’Hospitalet, de manera que la de este martes era la primera pieza de la trama que llegaba a juicio.
Tanto Alcázar como Plaza fueron suspendidos de militancia cuando se les abrió el juicio oral, tal y como marcan los estatutos del PSC en casos de presunta corrupción. Aunque durante meses se resistió a dimitir reivindicando su inocencia, cuando Alcázar dejó finalmente sus cargos políticos a raíz del escándalo judicial volvió a trabajar por el PSC –donde tenía plaza como trabajador antes de ser concejal–, tal y como ha confirmado el Ara. El partido justificaba haberlo mantenido en plantilla durante la instrucción judicial y de cara al juicio por respeto a la presunción de inocencia.
El código deontológico del PSC marca que, en caso de condena, deberá ser expulsado como militante, pero no concreta qué pasa en el caso de que también trabaje por la formación.
El denunciante del caso del Consell Esportiu, el entonces teniente de alcalde Jaume Graells, dejó al PSC denunciando presiones y desidia dentro del ayuntamiento para aclarar las supuestas irregularidades en las cuentas de la entidad. Ahora es el líder de ERC en L’Hospitalet. Por su parte, Marín –ahora delegada del Govern de la Generalitat en Madrid– estuvo investigada en la trama principal del Consejo Deportivo, pero la jueza acabó archivando la causa contra ella.
