La primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet (PSC), ha asegurado este lunes que todos los expedientes abiertos sobre posibles incumplimientos de la normativa del 30% de vivienda social en nuevas promociones «siguen vivos y con posibilidad de acabar con una sanción». Después de que el diario Ara haya publicado este domingo que en 2023 el gobierno de Jaume Collboni archivó expedientes que ya se habían incoado y preveían multas por incumplimientos de la norma, Bonet ha negado que se hayan perdonado multas y ha explicado que los expedientes caducaron y se archivaron administrativamente.
Según la titular de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras, Movilidad, Espacio Público y Vivienda, se inició otra vía, la del procedimiento de restitución, como paso previo para hacer «aflorar» incumplimientos, incoar un nuevo expediente sancionador a los promotores e imponer la sanción correspondiente.
Bonet ha dicho que hay nueve casos detectados de posibles incumplimientos a la hora de aplicar la reserva del 30% fruto de una inspección realizada en 2022. Los permisos de obras solicitados por los promotores no se ajustaban a la normativa y el Ayuntamiento inició entonces un procedimiento de restitución a la legalidad urbanística, que obliga al promotor a solicitar el permiso correcto. De acuerdo con el consistorio, se trata de incumplimientos porque eran obras para grandes rehabilitaciones que se habían tramitado con otro tipo de permiso.
De estos nueve casos, en uno de ellos se constató el incumplimiento y el caso se judicializó hasta que una sentencia reciente ha dado la razón al Ayuntamiento. Ello, ha dicho Bonet, permite atajar el procedimiento sancionador e imponer la sanción que corresponde. «Por tanto, primero, restitución de la legalidad urbanística y solicitar el permiso que correspondía y, una vez se ha hecho eso, entonces tenemos todas las herramientas con la seguridad jurídica que necesitamos para poder, también, imponer la sanción y que no sea tumbada esta sanción si hay un recurso contencioso administrativo».
En los ocho casos restantes, se podría seguir el mismo camino. Ahora algunos están en sede contenciosa y otros en sede administrativa, pero todos están en fase de restitución. Según Bonet, es la recomendación de los servicios jurídicos a la hora de proceder, además, podrían acabar en sanción si también se evidencia «el desajuste» entre el tipo de permiso de obra y el nivel de obras que se estaban haciendo.
Según la información publicada por el Ara, en el caso de los cinco expedientes más avanzados que se archivaron en su momento se trataba de cinco bloques de pisos del distrito de l’Eixample que se estaban rehabilitando de arriba abajo, pero esquivando la obligación de reservar un 30% de los pisos para vivienda protegida. En total, recoge el diario, los cinco expedientes –que ya habían recibido alegaciones por parte de los promotores– preveían sanciones que, sumadas, rozaban los 3 millones de euros.
«No se ha dejado estar nada»
Bonet ha criticado a BComú por el hecho de que en 2022 decidieron abrir en paralelo procedimientos de restitución y procedimientos sancionadores en cinco de los nueve casos. «Esto no da suficiente seguridad jurídica porque, en definitiva, lo que estás haciendo es intentar imponer una sanción antes de que hayas podido acreditar cuál es el incumplimiento», ha asegurado. Según ella, la recomendación de los servicios jurídicos del Ayuntamiento es actuar tal como lo está haciendo ahora el gobierno de Collboni, es decir, iniciar un procedimiento primero y otro después.
En los cinco en los que ha habido procedimiento en paralelo de restitución y sancionador, ha apuntado Bonet, se abrirá procedimiento sancionador nuevo en el momento en el que se tenga «la certeza de que efectivamente hay un incumplimiento». «Por lo tanto, no se ha dejado de estar nada. Todo está en el momento en el que tiene que estar el procedimiento de los nueve casos», ha asegurado.
Por otro lado, la primera teniente de alcaldía ha apuntado que el ejecutivo municipal está trabajando de una manera preventiva que anticipa posibles desajustes. Cada mes, ha dicho, los servicios municipales cruzan toda la información sobre permisos de obra y detectan, de media, unos 300 expedientes en los que se verifican los permisos y los tipos de obra que se quieren hacer. Así, si se detecta un desajuste, se detiene la obra y se obliga a modificar el tipo de permiso de obra a la vez que se inicia el procedimiento sancionador si es necesario.
