El consorcio de medios de investigación OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), que destapó, en 2022, la trama rusa del proceso independentista de Cataluña liderado por Carles Puigdemont, ha presentado una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Departamento de Estado de ese país, por el efecto que para su trabajo tiene la congelación de fondos de USAID, la mayor agencia de cooperación internacional del mundo. La acción también va dirigida contra el secretario de Estado, Marco Rubio, que es el administrador de USAID, y contra Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos.
Fundada en 2007, OCCRP reúne medio centenar de medios de los cinco continentes. Colaboran en el consorcio desde The Guardian hasta Le Monde pasando por el belga Le Soir, la televisión pública alemana ZDF, el diario noruego VG o infoLibre y El Periódico en España. Como resultado del bloqueo de los fondos, el presupuesto de OCCRP se ha recortado un 29%, lo que se ha traducido en el despido del 20% del personal, además de una reducción de salarios y de jornada para la mayoría de los empleados que han conservado sus puestos de trabajo. El consorcio deberá cancelar programas en media docena de países, lo que paralizará proyectos de periodismo de investigación en Asia, el Pacífico, América Latina y Europa, destaca la demanda.
Trump acusa a la OCCRP de ser el responsable del proceso de impeachment en su primer mandato presidencial a raíz de una publicación de 2019, en la que relacionaba a Rudolph Giuliani, abogado del entonces presidente de Estados Unidos, con dos empresarios rusos emigrados a Florida que habrían investigado a políticos y activistas demócratas.
«Esta acción ilegal del Gobierno de los Estados Unidos priva a los pequeños medios de investigación de países de bajos ingresos en todo el mundo de los fondos que tanto necesitan para funcionar. Estos medios son fundamentales para exigir cuentas a los poderes públicos en algunos de los lugares donde es más difícil hacerlo. Muchos periodistas en el exilio corren el peligro de ser deportados a los países de origen, donde se arriesgan a ser arrestados y torturados», ha afirmado un portavoz de OCCRP.
Paralelamente a la retirada de fondos del USAID que ayudaban a sufragar el funcionamiento de OCCRP, este consorcio ha sido objeto de una campaña de desinformación en las redes sociales promovida por usuarios fieles a Elon Musk y Donald Trump que lo acusan de conspirar con la CIA y «el Estado profundo» contra el presidente de Estados Unidos. El recorte de fondos a USAID ha sido aplaudido por los medios de comunicación y portavoces oficiales de la Rusia de Putin. El gobierno ruso considera a OCCRP «una organización indeseable» y amenaza con cinco años de prisión a cualquier persona que ayude o reenvíe los mensajes e informaciones de este consorcio de periodistas.
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, no asistió al Pleno del Parlamento Europeo en el que representantes de OCCRP -entre ellos, Jesús G.Albalat, de El Periódico de Catalunya– informaron sobre su reunión con emisarios rusos pocas horas antes de proclamar la independencia de Cataluña y otros detalles de la trama rusa del procés. Este jueves, Puigdemont publicó un mensaje en la red de Elon Musk donde decía: «Han dedicado tantos años y dinero público a fabricar la delirante trama rusa que no han tenido recursos para investigar la trama yihadista que tenían dentro de casa».
«OCCRP ha sido atacada por el crimen organizado, autócratas y otros, y nunca nos hemos acobardado, pero sigue siendo desagradable ser blanco de teorías conspirativas y de desinformación, especialmente cuando están siendo lanzadas por personas que ahora están muy cerca del poder en EEUU», ha denunciado Miranda Patrucic, directora del consorcio.
