La vicepresidenta primera del gobierno español y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la necesidad de que el 20% de los perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI) –los que no tienen cargas familiares- paguen IRPF porque, según ha dicho, a medida que el salario mínimo se aleja de ser una retribución «de subsistencia» y se acerca a ser «digno», la ciudadanía debe entender que esto implica «derechos», pero también «deberes» para sostener el Estado del bienestar.
En una comparecencia en Andalucía, Montero ha recordado que el ejecutivo español de Pedro Sánchez ha incrementado un 61% el salario mínimo, por ello, hasta ahora «tenía sentido» que el SMI estuviera exento del IRPF, pero a medida que se acerca al salario medio, debe tributar. En este sentido, la vicepresidenta primera ha afirmado que el gobierno central ya ha puesto en marcha la mayor rebaja fiscal a las rentas bajas y medias de la historia, y que mantener la exención al nuevo salario mínimo tendría un impacto de entre «1.700 y 2.000 millones» en las arcas públicas y, por tanto, en la financiación de los servicios básicos.
Por otro lado, Montero ha rechazado las críticas del PP y de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), y ha asegurado que su compañera del ejecutivo central conocía «de la A a la Z» el informe de los expertos que apuntaba que el aumento iría acompañado del IRPF. Por ello, le ha pedido que no se apunte al «populismo fiscal» del PP.
Respecto al PP, la titular de Hacienda ha afirmado que «no acepta lecciones» de los populares, a los que ha acusado de oponerse siempre al incremento del SMI, y ha criticado que continúan en una estrategia de «bajar impuestos a los grandes patrimonios y a los ricos».
