El Gobierno de España no prevé que ninguna comunidad autónoma quede fuera del nuevo sistema de reparto y acogida de menores migrantes acordado con las Islas Canarias. De hecho, este viernes, la ministra de Infancia, Sira Rego, ha afirmado que ni Cataluña y el País Vasco quedan fuera de la nueva fórmula.
«Estamos poniendo sobre la mesa unos criterios que son los que aplican desde 2022, criterios territoriales, socioeconómicos y análisis de los sistemas de acogida», ha dicho en RNE. «Son criterios que afectan a todos los territorios del país, a todas las comunidades, ninguna queda excluida», ha agregado. Asimismo, ha apuntado que Cataluña tiene el 24% de las plazas del sistema de recibimiento de menores, de manera que no se puede decir que quede fuera.
Según Rego, no es adecuado vincular el sistema de reparto y acogida de los niños que se acumulan en Canarias con las negociaciones con Junts o el PNV. «No tiene ningún sentido», ha aseverado antes de pedir «altura política» a partidos como el PP. «Estamos hablando de niños», ha agregado.
«Hay territorios que han hecho un esfuerzo previo, y debe reconocerse. Necesitamos que todos los territorios del país hagan el mismo esfuerzo», ha argumentado. La ministra se ha refirido así al sistema pactado anoche con el presidente canario, Fernando Clavijo, para el reparto en España de los 4.400 menores no acompañados llegados a Canarias y Ceuta. Tal y como se ha conocido, este sistema tendrá en cuenta «la situación de partida y el esfuerzo previo» que ya han hecho las comunidades autónomas en el sistema de acogida.
Aprobación en el Congreso
Pese al principio de acuerdo cerrado entre el Estado y el gobierno canario, la fórmula deberá llevarse al Congreso en forma de decreto ley o proposición de ley, que es lo que se está analizando actualmente desde los servicios jurídicos del gobierno español. En este punto, la aprobación de la medida en que Rego considera «temporal» queda en manos de los partidos. Algunas formaciones como el PP ya se han mostrado en su contra. De hecho, este jueves dirigentes populares calificaban el acuerdo como un nuevo «recibo de la hipoteca» de Pedro Sánchez con el independentismo.
