El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para reducir la jornada laboral aprobando la medida en forma de anteproyecto de ley. La propuesta, que ahora deberá negociarse con los partidos, no tiene garantizados aún los apoyos suficientes para salir adelante en el Congreso.
Según ha afirmado la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, la apuesta por la jornada de 37,5 horas semanales supone un «compromiso histórico» con los trabajadores. «Consolida y mejora derechos», ha destacado en rueda de prensa, acompañada de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y del de Economía, Carlos Cuerpo, que han pugnado últimamente sobre la manera en la que se debe aplicar la propuesta.
«Hoy es un día histórico», ha subrayado Díaz, que ha recordado que hace décadas que no se modifica la jornada y ha defendido que su reducción «servirá para mejorar la productividad en nuestro país». «No se trata de tirarse horas en el trabajo, idea que forma parte de una manera de gestionar los recursos humanos que mira hacia atrás. Se trata de ser eficientes en el trabajo, y está demostrado que a partir de una cierta permanencia en el trabajo la productividad no solo no crece, sino que cae», ha argumentado.
En el turno de preguntas, la ministra y vicepresidenta ha dicho que no puede desvelar su estrategia negociadora con formaciones como Junts, pero ha dicho que le gustaría «reencontrarse» con la Cataluña «europeísta, avanzada y moderna». «Negociaremos lo que haga falta», ha agregado.
En la misma línea, Cuerpo ha insistido en que el gobierno español en conjunto comparte la necesidad de aplicar la reducción de la jornada cuanto antes mejor. «Tenemos en marcha esta negociación que sabemos que no será fácil», ha aseverado. Alegría, por su parte, ha dicho que las negociaciones con Junts u otras formaciones son «constantes y a menudo resulta evidente que complejas».
La patronal, en desacuerdo
El acuerdo sobre la jornada laboral que ha salido este martes del Consejo de Ministros fue rubricado en diciembre entre la ministra Díaz y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente. En aquel momento, ya se fijó que los convenios colectivos tendrían de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse al nuevo tope.
El pacto, sin embargo, se cerró sin el apoyo de la patronal, que anunció que se descolgaba de la negociación hace un mes. Los empresarios defendieron en los once meses de negociación que esta cuestión debía negociarse en los convenios colectivos y no con una ley de aplicación generalizada.
