El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona ha anulado la declaración institucional que el Pleno municipal de la capital catalana aprobó en noviembre de 2023 y que proponía suspender relaciones con Israel hasta que hubiera un alto el fuego definitivo en Gaza. Fuentes judiciales han informado de que la justicia la ha rechazado al considerar que no se ajusta a la legalidad vigente.
La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) llevó esta declaración a los tribunales alegando que los acuerdos del pleno no son «simbólicos» y que el texto enviaba un «mensaje negativo, de alejamiento y hostilidad respecto a Israel».
La entidad denunciaba, además, la falta de competencia del Ayuntamiento para adoptar acuerdos en materia internacional. El gobierno local ha anunciado que recurrirá contra la decisión. La polémica declaración se aprobó el pasado 24 de noviembre de 2023 con el voto favorable del gobierno, BComú y ERC. TriasxBCN, el PP y Vox votaron en contra.
Según han recordado fuentes municipales, el texto expresaba el rechazo y condena de los ataques contra la población civil, tanto israelí como palestina, así como el desplazamiento forzoso de población, la destrucción sistemática de viviendas y de infraestructuras civiles o el bloqueo del suministro de todo tipo a la población de la Franja de Gaza.
Así, han indicado que reclamaba un alto el fuego permanente y definitivo, así como el cese de la violencia contra la población civil palestina de Cisjordania y la liberación incondicional y segura de los rehenes tomados por Hamás. También exigía el establecimiento de corredores humanitarios para hacer llegar ayuda a la población civil palestina.
La declaración pedía, además, el respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario y la activación de mecanismos, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, incluyendo los relativos a la Corte Penal Internacional (CPI), para poner fin y perseguir los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos.
El documento también recogía la implementación de una cláusula de obligación contractual en todos los contratos públicos municipales para garantizar que ningún operador hiciera operaciones financieras, inversiones, compras, contrataciones, así como otras actividades económicas que fueran en contra del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Además, añadía que el Ayuntamiento de Barcelona interrumpía las relaciones institucionales con el actual gobierno de Israel, hasta la declaración de un alto el fuego definitivo, y la garantía del respeto a los derechos básicos del pueblo palestino, así como el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas.
