La Fiscalía ha pedido que se aplique la amnistía a una cuarentena de excargos de la Generalitat y empresarios procesados por los preparativos del 1-O y la internacionalización del procés, en causas investigadas por los juzgados de instrucción 13 y 18 de Barcelona.
Entre los investigados están el exconsejero Raül Romeva y otros antiguos altos cargos como Antoni Molons, Jaume Clotet, Joaquim Nin, la exinterventora Rosa Vidal e Ignasi Genovès, además de los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio Vicent Sanchis y Saül Gordillo.
En cambio, la Fiscalía ha pedido continuar el procedimiento por un delito de prevaricación administrativa en el caso de Albert Royo y Roser Clavell, exsecretarios generales del Diplocat, por dos contratos concretos que considera que no tienen que ver con el proceso independentista.
El resto de supuestos examinados tienen por objeto hechos «claramente comprendidos» en el artículo 1 de la ley de amnistía porque son «conductas directa o indirectamente orientadas a la consecución de los fines propios del proceso independentista catalán», sostiene el escrito. Deja fuera, sin embargo, dos contratos de prestación de servicios de limpieza y de auditoría, motivo por el que pide continuar el procedimiento contra Royo y Clavell.
En cuanto al resto de los hechos, considera que son todos ellos conductas orientadas a la preparación y celebración de la votación del 1 de octubre de 2017. Asimismo, en cuanto a la acción exterior, la sitúa en el contexto del objetivo de hacer visible el proyecto independentista en el mundo.
Por otro lado, descarta el delito de malversación porque no aprecia «ningún ánimo de enriquecimiento propio», y remarca que la ley de amnistía especifica que no se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos para conseguir el objetivo político de la independencia, si no ha habido beneficio personal de carácter patrimonial.
