El Ministerio del Interior ha defendido este miércoles su decisión de no anular el contrato con la empresa israelí Guardian Defense & Homeland Security por 6.642.900 euros para la compra de 15,3 millones de balas para la Guardia Civil. Según Interior, la anulación «habría supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado», que es «necesario para que la Guardia Civil pueda prestar los servicios que tiene encomendados».
La comunicación de Interior pone de manifiesto que el ejecutivo central hizo la operación de compra tras prometer que no haría operaciones con empresas de armamento israelíes, a partir del 7 de octubre de 2023. En febrero de 2024, se publicó que el Ministerio del Interior había formalizado este contrato y, a raíz de la polémica, el 29 de octubre de 2024, Interior anunció que había iniciado el proceso para suspenderlo.
No obstante, «tras estudiar todas las posibilidades», el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska decidió «atender la recomendación» del abogado del Estado, que «desconsejó la rescisión fruto del estado avanzado de tramitación del contrato«. Pese a esta compra, Interior sostiene que «comparte el compromiso del gobierno español de no vender o comprar armamento al Estado de Israel desde que estalló el conflicto armado en el territorio de Gaza».
Discrepancias entre los socios de gobierno
La decisión de no rescindir el contrato con la empresa israelí ha causado una nueva fractura dentro del gobierno español. Sumar y muy especialmente Izquierda Unida (IU) –miembro de Sumar- han pedido explicaciones. La vicepresidenta segunda del gobierno español y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha reclamado la «rectificación inmediata» del contrato de compra de armamento a Israel y la «comparecencia inmediata» de Grande-Marlaska para dar explicaciones en el Congreso.
En declaraciones desde Barcelona con motivo de Sant Jordi, Díaz ha insistido en que se trata de una «vulneración flagrante de los compromisos adquiridos dentro del gobierno y expresados públicamente el pasado 21 de octubre» sobre la suspensión de las compras de armamento a Israel ante el «genocidio que está sufriendo el pueblo palestino». Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha planteado la posibilidad de que los miembros de IU y de Sumar del ejecutivo abandonen sus responsabilidades.
Podemos acusa al ejecutivo de colaborar con el «genocidio palestino»
Podemos ha acusado este miércoles al ejecutivo que preside Pedro Sánchez de colaborar con el «genocidio palestino» por la compra de balas por parte del Ministerio del Interior a la empresa israelí, y ha pedido al presidente español que se someta a una cuestión de confianza, adelantando que ya no dispone del apoyo de su formación.
«El Gobierno de España es colaboracionista de un genocidio, y eso, sumado al plan de rearme, convierte a este gobierno en un gobierno de la guerra y del conflicto», ha sentenciado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una rueda de prensa en el Congreso. Por su parte, el portavoz de la formación, Pablo Fernádez, ha considerado que «Marlaska debería dimitir y Sánchez debería valorar seriamente si está legitimado para continuar al frente del gobierno».
