Estas horas son previas a dos acontecimientos destacados en clave barcelonista. El más importante, la excitante cuenta atrás de la final de la Copa del Rey del próximo sábado, en el estadio de La Cartuja de Sevilla, entre los dos colosos del fútbol español y mundial, Barça y Real Madrid, en un cara a cara espectacular en el que, indudablemente, el equipo liderado por Lamine Yamal y Hansi Flick parte como favorito desde la óptica estrictamente periodística.
La otra vertiente que podría tener una incidencia complementaria, o no, es la inminente decisión del tribunal contencioso-administrativo sobre el recurso de LaLiga por el caso Olmo contra la resolución del Consejo Superior de Deportes (CSD). No en cuanto al fondo de la cuestión, sino sobre la medida cautelar que, provisionalmente, debe aclarar si el jugador azulgrana puede seguir jugando en virtud del decretazo del CSD o si, basándose en el mismo criterio de evitarle a la competición, al jugador y al FC Barcelona un daño irreparable, se le aplica un stand by se le aparca a la espera de un fallo que será controvertido en cualquier circunstancia.
Desde el punto de vista jurídico, se trata de un conflicto de competencias aparentemente claro, pues cuesta entender que no sean LaLiga y la RFEF los órganos competentes para otorgar las licencias del fútbol profesional que, con base en un convenio bilateral, solo se extienden previa aprobación de LaLiga por parte de sus órganos de estricto control económico. Es decir, asegurándose que el club solicitante de la inscripción, el FC Barcelona en este caso, le garantiza el pago de su salario y la amortización de su fichaje.
En este sentido, LaLiga dio por extinguida su licencia provisional, con la que jugó desde agosto por la lesión de larga duración de un compañero, a 31 de diciembre pasado, ya que Laporta no pudo acreditar -reconocido por su auditor- un margen salarial suficiente para inscribir su contrato. Frente a esta realidad, sin embargo, el CSD abrió otra vía y otro contexto, evitando entrar en este subsuelo económico, para centrarse en dos aspectos. De un lado, el derecho del futbolista a ejercer su profesión y, de otro, dar por hecho que la comisión de seguimiento conjunta LaLiga/RFEF anuló esa licencia sin disponer de esas atribuciones, declarando así la nulidad de su decisión.
En realidad, según defiende LaLiga con argumentos incontestables, esa comisión nunca denegó nada por la sencilla razón de que, una vez expirada la licencia el 31 de diciembre, tampoco no se expidió una nueva, ni la de Dani Olmo ni la de Pau Víctor.
Lo más probable, sin embargo, es que la cautelar solicitada por LaLiga, para que ambos no deban seguir jugando al margen de la ley y del control económico que sí han superado el resto de los 500 futbolistas de Primera División, no le sea concedida por dos razones. Una, que para que se diera esa circunstancia, la Abogacía del Estado debería dejar en ridículo al presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, abogado del Estado, precisamente por haber obviado el verdadero fondo del asunto, el económico, inventándose otros parámetros y jurisprudencia para justificar una decisión claramente política. José Manuel Rodríguez Uribes ha jugado muy fuerte esta mano afirmando que «si Olmo no juega es por un fallo de Javier Tebas«.
La segunda razón es que, dejando las cosas como están, a falta de la sentencia final del contencioso-administrativo, Dani Olmo podrá seguir jugando como hasta ahora con la selección española en los partidos de la Nations League antes de que todo vuelva a comenzar después del 30 de junio. Desde la conveniencia social de no generar un escándalo a estas alturas de la temporada, LaLiga perderá seguramente este segundo asalto después de que no se concediera la cautelarísima, solicitada con carácter de urgencia antes de que esta nueva instancia recibiera las alegaciones del CSD, como sí que lo hizo el propio CSD antes de recibir en su momento los argumentos de LaLiga y de la RFEF cuando el Barça presentó un recurso de alzada.
Desde el punto de vista de no generar un escándalo a estas alturas de la temporada, LaLiga perderá seguramente este segundo asalto tras la no concesión de la cautelarísima, solicitada con carácter de urgencia antes de que esta nueva instancia.
Sobre la controversia procesal del caso, solo una web especializada, Iusport, le ha dedicado tiempo y espacio al tema. Por ejemplo, Juan Carlos Soto del Castillo y Jagoba Goiri Garrastazu, abogados especialistas en derecho deportivo, han escrito que el CSD ha considerado que la Comisión Liga-RFEF denegaba la inscripción y que dicho órgano era incompetente para decidir sobre la licencia federativa, un acto de naturaleza administrativa sujeto al derecho administrativo y regulado por la Ley 39/2015, cuyo artículo 47.1.b) prevé la nulidad de actos dictados por órgano manifiestamente incompetente. El CSD, en su resolución, -sostienen- no valoró el control económico ejercido por LaLiga, aspecto clave en el conflicto, limitándose a anular la decisión de la comisión por motivos estrictamente competenciales, sin afectar al fondo ni al procedimiento en su conjunto.
«Esto implica que los elementos del expediente no han sido declarados nulos y, por tanto, siguen vigentes. El principio de conservación de los actos administrativos, recogido en la Ley 39/2015, permite que el órgano competente (LaLiga) pueda recuperar la validez de su resolución original de denegación del visado previo, si no fue recurrida en su momento», sostienen. Así, añaden que «la resolución del CSD deja abierta la posibilidad de que, además de la impugnación judicial de su decisión, la comisión de seguimiento acate la nulidad en sus propios términos, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al acto anulado y permitiendo que LaLiga, como órgano competente, revalide su decisión de denegación. En ese caso, el FC Barcelona podría recurrir ante la jurisdicción civil, pero no ante el CSD. El CSD ha evitado deliberadamente pronunciarse sobre el sistema de control económico de LaLiga, considerado esencial para la integridad y estabilidad financiera de la competición profesional, recordando el precedente de la intervención del CSD en 1995 que derivó en la polémica Liga de 22».
De un modo menos basado en la normativa, pero igualmente didáctico, el letrado Javier Rodríguez Ten compara el caso con la típica infracción de quien aparca su vehículo en una zona azul y, debido a que no dispone ni de efectivo ni de crédito en la tarjeta para ampliar el horario de parking tras sacar un primer ticket, la grúa acaba retirándolo y multando al propietario. Contra esa situación, explica, el afectado, comparando así los argumentos del CSD, presenta ante el ayuntamiento de turno un recurso basado en la incompetencia del operario que cursa la denuncia tras superar el límite de tiempo porque «su función solo es revisar los tickets» y en que el ayuntamiento tampoco le notificó «una resolución expresa» sobre cuando expiraba su ticket «por lo que debe entenderse que se ha mantenido y sigue vigente».
También que intentó ofrecerle a la máquina y al operario «mi reloj, un cargador de teléfono móvil y alguna otra cosa, pero no lo admitieron porque solo estaba establecido que efectivo o tarjeta y a través del sistema automatizado establecido», además de haber intentado más tarde, y ya con dinero, obtener un nuevo ticket, esta vez denegado por «exceso de horario» tras haber agotado «el tiempo máximo que un mismo vehículo podía estar aparcado en la misma zona de manera continuada». Y termina razonando que, aunque parezca «rebuscado, conforme a los últimos criterios administrativos que se manejan, estoy francamente esperanzado en que cautelarmente me devuelvan el coche, retiren el que ocupa ahora mi sitio y sitúen el mío hasta que se resuelva el recurso en tres meses, e incluso que después me den la razón y con el actual ticket pueda mantenerlo aparcado allí hasta que me apetezca mover el coche».
Igualmente, todo apunta a que nada va a cambiar porque, como se ha explicado, el propio Florentino Pérez, que quiere instrumentalizar este caso en contra de Javier Tebas, sigue moviendo hilos a favor de Joan Laporta. Al menos hasta ahora.
