En los últimos años, más de 1.700 centros educativos han adoptado Innovamat, un programa que promete modernizar el aprendizaje de las matemáticas con tecnología, gamificación y metodologías competenciales. Pero tras este discurso innovador se esconden graves problemas legales, pedagógicos y éticos que deberían encender todas las alarmas en el sistema público de enseñanza.
Uno de los puntos más preocupantes es la vulneración del principio de gratuidad. El programa exige a las familias el pago de una cuota para acceder a una plataforma digital (EVA) para el seguimiento de las actividades en el aula. Ello entra en clara contradicción con el artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación, que prohíbe los servicios obligatorios de pago vinculados a las enseñanzas ordinarias. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado esta práctica, en una sentencia reciente que ordena garantizar la gratuidad efectiva de la escolarización.
También hay preocupación por el tratamiento de datos personales de los alumnos. Innovamat, como empresa privada, gestiona información académica sin que las familias hayan sido debidamente informadas de como se gestionan los datos de sus hijos. Según el Reglamento General de Protección de Datos, este hecho puede suponer una infracción grave. Además, la empresa publicó un estudio basado en datos de las pruebas de competencias básicas, afirmando que tenía permiso de las escuelas participantes, mientras que los centros niegan haber cedido ninguna información. Esta contradicción pone en cuestión la transparencia y la credibilidad del programa.
Desde el punto de vista pedagógico, tampoco hay garantías. No existen estudios independientes ni publicaciones científicas que avalen la eficacia de Innovamat. Los resultados que la empresa muestra en su web son autoelaborados, sin control externo, con metodologías de dudosa validez. Además, el programa introduce el uso de pantallas -incluido en niños de I3- que contradice las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría. La digitalización prematura puede afectar negativamente a la concentración, la memoria y el desarrollo emocional.
A pesar de presentarse como «manipulativo», Innovamat ofrece una fase muy breve de trabajo con materiales concretos, para pasar rápidamente a ejercicios abstractos o digitales. Esto dificulta la comprensión profunda de los conceptos matemáticos, especialmente en los alumnos con dificultades de aprendizaje. De hecho, muchos docentes denuncian que el sistema no favorece la equidad, sino que amplía la brecha educativa, dejando atrás al alumnado con menos recursos o necesidades especiales.
Los maestros también ven limitado su rol. Innovamat propone una guía rígida, paso a paso, que reduce la autonomía docente. Adaptar los contenidos al ritmo y contexto de cada aula deviene casi imposible. A esto se suma una evaluación que penaliza al alumno que no sigue el «método Innovamat», aunque entienda y resuelva correctamente los ejercicios.
Innovamat se ha expandido rápidamente gracias a una estrategia de marketing agresiva, pero sin garantías claras de eficacia, legalidad ni respeto por los principios de la educación pública. Lo que se presenta como una innovación pedagógica es, en realidad, una privatización encubierta, con riesgos para la igualdad de oportunidades, la protección de datos y la calidad de la enseñanza.
En un momento en el que el sistema educativo necesita soluciones inclusivas y fundamentadas, es urgente exigir una revisión crítica del modelo Innovamat, garantizar la transparencia y apostar por metodologías que realmente beneficien a todo el alumnado, no sólo a unos cuantos.
(Dori Huertas es promotora de la Plataforma por la Educación de Calidad)
