La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que las supermanzanas de Barcelona son una iniciativa que contribuye a hacer las ciudades más accesibles, seguras e inclusivas «para todas las edades». Un informe de la OCDE publicado este lunes subraya, en concreto, que la conversión de calles y plazas en espacios peatonales beneficia especialmente a los niños y las personas mayores, colectivos que a menudo tienen dificultades para moverse en espacios dominados por los coches.
Según el mismo documento, este tipo de transformaciones urbanas que ganaron protagonismo a raíz de la pandemia –como la redistribución del espacio público, la reducción del tráfico y la creación de zonas verdes y lúdicas– han ayudado a mejorar la vida comunitaria.
El sistema de supermanzanas de Barcelona, que limita el tráfico motorizado al perímetro de los bloques, «ha sido implementado con la intención expresa de garantizar beneficios para todas las edades», y forma parte del Plan del Juego en el Espacio Público y del programa Protejamos las escuelas. El informe recuerda que dos de los 36 indicadores que miden el programa de supermanzanas son específicos por edades: la superficie creada para juegos infantiles y la proporción de usuarios mayores de 65 años y menores de 14 respecto a la población de entre 15 y 64 años.
La OCDE, además, pone como ejemplo la Barcelona Health Hub (BHH), una asociación sin ánimo de lucro que impulsa la innovación en salud digital y su transferencia al sector sanitario. La organización internacional ha señalado que la inversión en soluciones digitales para la salud puede estimular la economía vinculada al envejecimiento –la silver economy o economía plateada–, reducir costes sanitarios y generar puestos de trabajo para jóvenes formados en tecnologías digitales. Según datos citados por la OCDE, la salud móvil (mhealth) podría ahorrar hasta 99.000 millones de euros en gastos sanitarios a la Unión Europea y aportar 93.000 millones al PIB europeo si se estimula su uso.
Asimismo, la OCDE ha señalado en su informe que las ciudades que no aborden las necesidades específicas de todas las franjas de edad en su planificación urbanística y políticas públicas corren el riesgo de afrontar costes sociales y económicos importantes.
La organización propone un conjunto estructurado de medidas en tres grandes áreas de acción: estrategia, recursos y coordinación. Por un lado, recomienda priorizar una planificación urbana flexible e inclusiva, con criterios de diseño universal que tengan en cuenta las necesidades específicas según la edad, así como impulsar vivienda asequible y accesible para jóvenes y personas mayores. También apuesta por movilizar financiación pública y privada para desarrollar soluciones adaptadas, y por recoger y analizar datos desagregados por edades para detectar necesidades y evaluar el impacto de las políticas. Finalmente, defiende una coordinación transversal entre gobiernos, y la implicación directa de la ciudadanía –especialmente niños y personas mayores– en el diseño y la toma de decisiones urbanas, a través de procesos participativos y de cocreación.
