El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) ha asegurado este lunes que «la única» operación Cataluña que conoce es la de «rescate» económico mediante el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), así como el control del presupuesto autonómico hasta la intervención «total» del territorio, con la aplicación del artículo 155. Además, ha afirmado que «en Cataluña no se pueden pagar los servicios públicos, pero hay políticos que no tienen por qué preocuparse porque tienen cuentas abundantes, de millones de euros» en «un país vecino que se llama Andorra».
En su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Cataluña, Montoro ha dicho que no está orgulloso de la aplicación del artículo 155 por parte del ejecutivo central, entonces presidido por el popular Mariano Rajoy, pero que se vieron obligados a hacerlo: «La crisis que más me ha dolido es la de Cataluña», ha indicado, añadiendo que «estaba obligado a hacer cumplir la ley». Por otro lado, ha negado que se produjeran filtraciones por parte de su ministerio sobre información económica de políticos catalanes.
Preguntado por estas filtraciones, Montoro ha recordado que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol se acogió a la amnistía fiscal que promovió su ministerio, y que él mismo comunicó que tenía dinero en Andorra sin declarar. No obstante, el exministro de Hacienda ha asegurado que él no podía saber de dónde había salido el dinero regularizado, y ha presumido de que solo le constan «dos filtraciones» en los siete años que estuvo al frente del ministerio, pero ninguna de las dos, ha dicho, «tienen nada que ver» con Cataluña. «Tengo el honor de tener el departamento que menos filtraciones ha hecho con diferencia», ha manifestado.
En respuesta a cuestiones sobre su participación en la operación Cataluña, Montoro lo ha negado rotundamente y ha rechazado de lleno la existencia de esta trama parapolicial contra el independentismo catalán. «Cómo iba a participar en lo que no existe. Digo con toda claridad que no existe«, ha aseverado el popular.
Sobre el excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, el exministro de Hacienda ha dicho que «no sabía que existía» y ha afirmado que le parece «increíble que exista en mi país». «Estoy encantado de que se limpien los bajos», ha apostillado Montoro, que se ha referido al excomisario como «el señor Villarejo éste que por lo que se ve cobraba de todos los sitios».
La causa andorrana
Respecto a la caída de la Banca Privada Andorrana (BPA) y las supuestas coacciones a la entidad por parte del gobierno de Rajoy para acceder a datos confidenciales de cuentas vinculadas a los Pujol y al independentismo, el extitular de Hacienda ha tachado de «acusaciones falsas» las informaciones que han trascendido sobre el asunto y ha vinculado el interés de su ejecutivo en Andorra con el cambio de las reglas fiscales en el país pirenaico.
«En este periodo pasa que hay un gobierno andorrano que cambia la tributación en Andorra y por primera vez en la historia de Andorra el Gobierno y el ministro (Jordi) Cinca aplican un sistema tributario consistente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el impuesto de sociedades», ha justificado Montoro, que ha señalado que fue el ejecutivo andorrano quien invitó al español por la «importancia histórica» de la normalización fiscal para Andorra y la relevancia del acuerdo entre ambos gobiernos para evitar la doble imposición.
La justicia andorrana investiga a Montoro junto con otros ex-altos cargos del gobierno español como Rajoy y el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por presuntos delitos de coacciones, amenazas, extorsión y falsedad documental en relación con las supuestas presiones ejercidas sobre autoridades andorranas y directivos de la BPA.
La causa de los juzgados de Andorra, sin embargo, se encuentra paralizada debido a la falta de colaboración de la justicia española. De hecho, en julio de 2024, la Audiencia de Madrid denegó una comisión rogatoria solicitada por la jueza andorrana para la investigación de Rajoy, Fernández Díaz y Montoro, al considerar que la petición no concretaba lo suficiente los hechos ni la participación de los investigados.
