Unas 200 personas se han concentrado en la plaza Sant Jaume de Barcelona este lunes por la tarde para rechazar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de revocar la condena del exfutbolista Dani Alves y absolverlo de un delito de agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton de la capital catalana.
Durante la protesta, convocada por Novembre Feminista y Ca la Dona, pero a la que se han sumado otros colectivos feministas, se han oído gritos como «Basta agresión institucional», «Yo si te creo» o «Revocación de la sentencia».
La portavoz del colectivo, la jurista Marisa Fernández, ha valorado que la sentencia del TSJC supone «un grave precedente que refuerza la impunidad de los agresores y desprotege a las mujeres».
Durante la concentración se ha repartido un comunicado en el que el colectivo Novembre Feminista considera la sentencia un caso «grave» de «violencia institucional» porque «evidencia» cómo las instituciones «pueden reproducir y perpetuar la impunidad ante las violencias sexuales».
Al mismo tiempo, el texto considera que la decisión del TSJC «contraviene» acuerdos internacionales «asumidos» por el estado español como el Convenio de Estambul, que «obliga» a garantizar que los procedimientos judiciales incorporan «una mirada de género y una comprensión clara de las dinámicas de poder y control propias de las violencias machistas».
«En lugar de eso», añade el comunicado, el caso «pone de relieve la falta de formación especializada de la judicatura en violencias sexuales y la persistencia de sesgos patriarcales en la valoración de pruebas y testimonios».
Por otro lado, media docena de asociaciones judiciales y de fiscales han lanzado este lunes un comunicado criticando unas declaraciones recientes de la vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero, calificando de «vergüenza» la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el futbolista Dani Alves.
En este sentido, piden «respecto a la independencia judicial» por parte de los poderes públicos y evitar comentarios que puedan socavar la confianza de los ciudadanos en los tribunales. Así mismo, remarcan la importancia de la presunción de inocencia a pesar de que admiten la importancia «fundamental» de apoyar las víctimas de delitos de violencia de género y sexual.
