La sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha archivado definitivamente la causa abierta por la organización y la financiación de la plataforma Tsunami Democràtic al rechazar los últimos recursos de apelación interpuestos por todas las acusaciones. «Debe considerarse que en este caso los investigados no tuvieron oportunidad, antes del cierre de la instrucción, de defenderse efectivamente, lo que aboca ineludiblemente al sobreseimiento de las actuaciones acordado en las actuaciones recurridas», ha resuelto el tribunal, según ha avanzado El País y ha confirmado la Agencia Catalana de Noticias (ACN).
El archivo afecta a las 10 personas que estaban investigadas por terrorismo, muchas de las cuales se exiliaron: la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira; el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el empresario Oriol Soler, el exsecretario de Organización de ERC, Xavier Vendrell; la militante de ERC Marta Molina; el activista Josep Capmajó; el periodista Jesús Rodríguez; el considerado tesorero de Tsunami Democràtic, Jaume Cabaní; el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra; y el banquero Nicola Flavio.
El archivo pone fin a los intentos de la acusación particular -que ejercían los policías que se consideraban víctimas directas- y de la acusación popular -ejercida por Dignidad y Justicia, Vox y Sociedad Civil Catalana– para que se revocara el auto de la misma sala que declaró que el magistrado instructor, Manuel García-Castellón, había prorrogado fuera de plazo la instrucción a finales de julio de 2021, cuando todavía estaba declarada secreta para las partes personadas, excepto el ministerio fiscal. El secreto no se levantó hasta mucho tiempo después, el 8 de mayo de 2023.
La resolución añade que la ley de enjuiciamiento criminal prevé que «el secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos 10 días de antelación a la conclusión del sumario», algo que no se produjo en este caso. «Por más que se insista por las acusaciones particular y popular personadas en la causa, e incluso en el auto que acordó el sobreseimiento, en la existencia de indicios suficientes de la comisión por los investigados de hechos calificables como delito, es evidente que estos indicios se habrían obtenido sin ninguna intervención de los investigados y sin la posibilidad de proponer ninguna diligencia para desvirtuarlos».
En julio pasado, García-Castellón invalidó todas las diligencias que había hecho desde el 30 de julio de 2021 por orden de la sala de lo penal por un defecto de forma, después de casi cinco años de diligencias y de reactivar el caso en noviembre de 2023, coincidiendo con las negociaciones de la amnistía. El juez instructor tenía que haber pedido la prórroga de las actuaciones antes de que expirara el plazo del que disponía, el 29 de julio de 2021, pero la firmó al día siguiente, el 30 de julio de 2021.
