El TC ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra el decreto-ley de la Generalitat de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico y, por tanto, avala la constitucionalidad de las restricciones legales a este tipo de vivienda.
La sentencia concluye que la norma no vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia y además es conforme con la protección constitucional de la propiedad privada, la autonomía local, la tutela judicial efectiva, la igualdad, seguridad jurídica y el régimen en materia de unidad de mercado establecido por la legislación básica estatal. Hay un voto particular discrepante de dos magistrados.
El decreto-ley introduce tres restricciones sucesivas sobre la posibilidad de destinar las viviendas al uso turístico.
Se establece una regla de exclusión por defecto pero se permite que el planeamiento urbanístico admita la compatibilidad del uso turístico con el uso de vivienda.
Además, se concreta que hace falta una licencia urbanística previa con un límite de las mismas tanto en número como en duración. Este régimen se aplica a los municipios con problemas de acceso a la vivienda e identifica 262.
