Los sindicatos policiales Jucil y Jupol han pedido tres años de cárcel, 15 años de inhabilitación y 72.000 euros de multa para los exconsejeros de Salud Alba Vergés y Josep Maria Argimon por el retraso en la vacunación contra la covid de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña.
El juzgado de Barcelona que investiga este caso ha dejado la causa lista para juzgar a Vergés, Argimon y tres antiguos altos cargos más del Departamento de Salud por la presunta comisión de los delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricación.
Los otros investigados, para los que los sindicatos piden también prisión e inhabilitación, son Marc Ramentol, exsecretario general del Departamento de Salud; Adrià Comella, exdirector de Servicio Catalán de la Salud; y Francesc Xavier Rodríguez, director de servicios del Departamento de Salud.
La Fiscalía, que también acusa a estos excargos de la Generalitat, debe presentar ahora su escrito de acusación. Las defensas, por su parte, han recurrido contra la decisión judicial.
Durante la fase de instrucción, todos los investigados aseguraron al juzgado que el paro de la vacunación de los cuerpos policiales españoles fue acordado solo por cuestiones «técnicas y colegiadas», y las defensas sostienen que no cometieron ningún delito.
En cambio, los sindicatos policiales, según difunde la ACN citando el contenido de los escritos de acusación, aseguran que «el proceso de vacunación estaba ya dispuesto para comenzar el 24 de marzo de 2021, cuando fue suspendido; es decir, tenía ya la programación acordada, los medios personales y vacunas dispuestos para llevarlo a cabo, pero quedó suspendido por una decisión desrazonada e inexplicable«.
Jucil y Jupol sostienen que Salud «suprimió de facto la prioridad que en la vacunación ostentaban estos colectivos profesionales, cuyas funciones resultan esenciales para la sociedad». Además, en su escrito recuerdan que la suspensión de la vacunación se mantuvo hasta que la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó cautelarmente al Departamento de Salud que la reanudara inmediatamente, en una resolución del 27 de abril de 2021.
Finalmente, en su sentencia, el TSJC dio la razón a los sindicatos, asegurando que Salud los había discriminado y había mantenido una inactividad injustificada, lo que abrió la puerta al procedimiento penal. El Supremo, en el año 2022, confirmó aquella resolución del TSJC.
