Al Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con sus propias normativas y atribuciones, ya solo le queda un mes, hasta el 7 de abril próximo, para resolver de forma definitiva si la inscripción de dos futbolistas del Barça, Dani Olmo y Pau Víctor, y su correspondiente licencia federativa siguen vigentes y pueden terminar la temporada vestidos de azulgrana. La máxima autoridad política en el ámbito del deporte español, el CSD, habrá consumido hoy dos tercios del plazo del que dispone para adoptar, en el sentido que sea, una de las decisiones más polémicas y controvertidas, básicamente porque ni es órgano judicial ni tampoco un estamento que deba aplicar el rigor del derecho administrativo.
La compulsiva determinación adoptada el día 7 de enero pasado de otorgarle a Laporta una medida cautelarísima -es decir, unilateral y urgente en el sentido de revocar la negativa de LaLiga y de la RFEF a tramitar las licencias de ambos futbolistas sin atender, escuchar o siquiera esperar a las alegaciones de ambos- respondió, como cada vez está más claro, a una orden superior, política, desde la Moncloa en otro de los servicios, o servidumbres, de Pedro Sánchez a Junts, el partido de Carles Puigdemont. Esto se enmarca en ese otro delirante escenario en el que el gobierno de mayoría socialista de la Generalitat de Catalunya asiste paralizado, indiferente e ignorado al canal de negociación directa que la Moncloa mantiene abierto con Waterloo sobre asuntos de tanta trascendencia como el traspaso de Cercanías o las competencias en materia de migración. Es decir, con un partido minoritario en el Parlamento de Cataluña.
Se da la paradoja de que el CSD, para satisfacer los deseos de Laporta, amigo de Puigdemont, recurrió en sus argumentos incluso a la causa de fuerza mayor de la selección, en el sentido de que Dani Olmo no podría defender la camiseta de España si no le hubiera autorizado a jugar en el Barça desde enero a abril, motivo por el que cabe suponer que para evitar un mayor ruido mediático y conflictos colaterales la decisión definitiva no será hecha pública hasta que el equipo nacional haya disputado este mes de marzo, entre los días 20 y 23, los cuartos de final de la Nations League, frente a los Países Bajos, defendiendo el título como ganador de la última edición.
Sobre el fondo de la pretensión azulgrana, los expertos consideraron en su momento que las motivaciones del CSD, admitiendo la discusión sobre la autoridad de LaLiga y de la RFEF para otorgar licencias como causa de la nulidad de la denegación resuelta el 31 de diciembre pasado por ambos estamentos de las inscripciones de ambos futbolistas, era más que suficiente argumento para aventurar que la resolución final no se apartaría demasiado de ese la aplicación de ese criterio.
Con el paso del tiempo, sin embargo, el CSD ha podido leer e intentar comprender, a la vista de las alegaciones de LaLiga y de la RFEF, que no es tan sencillo discutirles esas atribuciones para emitir licencias, sobre todo al amparo de un convenio sólido y recientemente firmado entre ambos, para regular y procesar de forma específica las licencias de los clubs profesionales de la Liga, sobre el principio inalterable de que la Federación solo tramitaría aquellas licencias que LaLiga, en el ejercicio del poder y de las atribuciones que le exigen la ley y el Gobierno de España estrictamente, haya validado previamente en aplicación del control económico y del margen salarial de cada club. Es decir, las licencias de aquellos jugadores a los que el club en cuestión pueda garantizar el pago.
En el caso de Olmo, en el límite del 31 de diciembre de 2024, LaLiga estimó que el FC Barcelona no había acreditado el fair play suficiente para su inscripción más allá del plazo provisional que le fue concedido por la baja de larga duración de otro jugador en agosto, al inicio de la temporada.
La cuestión clave radica en saber si el CSD puede, a la vista de los hechos, poner en duda y desestabilizar la organización de la competición desautorizando el rigor del control financiero que ejerce LaLiga y reclama a todos los clubs, y también desmontar la compleja paz y el entendimiento que finalmente había alcanzado con la RFEF.
El CSD le compró a Laporta el argumento de que, a día 3 de enero, el Barça había subsanado la causa de incumplimiento económico ante LaLiga por no haberle ofrecido a tiempo las garantías de solvencia de la operación de venta de los asientos VIP, finalmente satisfechas con el ingreso del 40% (28 millones) de la operación procedente de una empresa que, por razones de confidencialidad, Laporta se negaba a identificar.
Ahora se sabe, porque ante LaLiga Laporta hubo de ofrecer toda la información de ese segundo pagador, que el presidente del Barça utilizó el mismo truco fantasma en la venta de Barça Studios, el de recurrir a proveedores o licitantes en otros ámbitos como es el caso de New Era Visionary Group, presunto líder mundial en telecomunicaciones, para salir del apuro. New Era Visionary Group ya ha admitido que si gastó de pronto 28 millones en más de 300 asientos VIP fue para hacerle un favor puntual al club, el mismo argumento con el que Jaume Roures (Mediapro-Orpheus Media) justificó en su día la compra del 24,5% de Barça Studios y que, más allá de los 10 millones urgentemente aportados para que el Barça pudiera inscribir a Lewandowski, Koundé y Raphinha, entre otros, no solo no había suscrito ningún compromiso de pago por el resto, hasta 100 millones, sino que Laporta debía encontrar un recomprador de sus acciones y del resto lo antes posible.
Hoy en día, tres años más tarde, Laporta no ha podido cubrir todavía 145 millones de esa venta cerrada en 2022. Ya la quema, por tanto, ese préstamo de New Era Visionary Group y más todavía los 42 millones restantes que debe ingresar en un año cuando apenas pueda empezar a gestionar los asientos VIP presuntamente licenciados para los siguientes 30 años.
El CSD debe asumir que con la ratificación de su cautelar en favor de los intereses de Laporta, si se diera esa resolución, estaría validando una inscripción que cuando LaLiga ha podido investigar después de esa transferencia ha considerado inaceptable, vinculada directamente a proveedores de otros negocios, sospechosa de ser el montaje de una autofinanciación desesperada por parte de Laporta y probablemente afectada en una próxima revisión de LaLiga por esa irregularidad que volvería a reducir el margen salarial azulgrana si la desmonta y desautoriza como es su intención y así se lo ha avanzado al CSD en sus alegaciones.
Por el contrario, si se echa atrás de esa primera decisión del 7 de enero pasado, compulsiva y sin atender a las alegaciones de LaLiga y de la RFEF, producirá un impacto doloroso en el Barça directamente proporcional al que infringiría al resto de los clubs si la máxima autoridad da por buena una operación que vulnera el control económico de LaLiga en contra de su principal razón de ser y del pilar básico del equilibrio en la Liga que tanto ha costado implantar.
No está en juego solo que Dani Olmo pueda jugar los últimos partidos del campeonato. La propia estabilidad de la patronal, que no puede tolerar que por dos veces el Barça de Laporta la engañe con trucos baratos, podría resquebrajarse y arrastrar a los clubs a endeudarse y fichar a base de palancas prohibidas, ingeniería financiera y malas artes, todo lo que LaLiga ha combatido desde hace años no solo en España. También ha denunciado al PSG y al Manchester City por hacer trampas con ingresos procedentes de la misma propiedad camuflados como patrocinios.
El deporte español, por culpa de Laporta y de sus juegos y malabares por no tener las cuentas claras y fair play financiero consolidado, se ha metido en otro buen lío.
