La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este jueves que la delegación de competencias de inmigración en la Generalitat, fruto del acuerdo entre el PSOE y Junts, no implica hacer del catalán un requisito para la obtención de permisos, pese a la lectura que algunos medios hacen de la exposición de motivos de la proposición de ley.
«La lengua no es un requisito para denegar un permiso, expulsar a una persona o prohibir la entrada en nuestro país», ha afirmado, y en la misma intervención ha añadido que «a esta delegación de competencias se le aplicará la normativa vigente en materia lingüística«. El marco, según ha dicho, es la ley de extranjería, donde «el conocimiento de la lengua no es un requisito», aunque «hay que ser muy conscientes de que la lengua es una palanca importantísima para la inclusión en una sociedad».
La ministra ha manifestado también que «el marco normativo está absolutamente claro», y «las normas están para cumplirlas». «Tenemos un marco jurídico, y cada uno tiene sus competencias», ha afirmado en una entrevista en Onda Cero.
Preguntada por si estaría de acuerdo con un recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional en el caso de que el Parlamento de Cataluña aprobara una legislación que exigiera el conocimiento del catalán, sin embargo, Saiz no se ha querido pronunciar. «Esto lo dejaría a los abogados del Estado que son los que conocen perfectamente las competencias y la normativa vigente en cada uno de los territorios», ha añadido.
Bolaños dice que el debate es «inexistente»
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha recordado este jueves que la delegación de competencias pactada con Junts no hace ninguna referencia» al requisito del catalán y ha asegurado que el debate es «inexistente» porque el texto no lo recoge.
«Es una ley profundamente constitucional que apuesta por el autogobierno y por reforzar las competencias de acogida», ha insistido Bolaños, añadiendo: «Que se acerque una competencia a la administración más próxima, como es la Generalitat, en una materia tan importante como la integración e inclusión de las personas migrantes, es perfectamente constitucional».
El ministro ha sacado pecho del pacto y ha señalado que «lo que hace unos años era confrontación y vulneración flagrante de la Constitución y de las leyes, hoy son acuerdos, pactos y cumplimiento de la Constitución para reforzar el autogobierno de Cataluña». «Estamos claramente dando un paso adelante para reforzar el autogobierno y mejorar el servicio de acogida de las personas migradas en esta comunidad», ha concluido.