La asociación Jucil ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que presida la próxima reunión del Consejo de la Guardia Civil para explicar la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña, en lugar de delegar la presidencia de la sesión, como es habitual. En un escrito, la asociación apunta que existen «contradicciones» entre unas declaraciones del ministro en sede parlamentaria, cuando dijo que estas competencias correspondían al gobierno central y que no eran susceptibles de ser «transferidas ni delegadas», y la proposición de ley que Junts y el PSOE han registrado en el Congreso.
Concretamente, Jucil ha explicado que, el pasado 18 de septiembre, en respuesta a una pregunta del diputado de Junts Josep Maria Cruset, Grande-Marlaska, aseguró que «el control de fronteras y los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del gobierno central» y que estos no eran «susceptibles de ser transferidos ni delegados». En cambio, el documento firmado por el PSOE y Junts, señala Jucil, habla de «delegación de competencias».
En este sentido, la asociación alerta de que el texto asegura que «en materia de inmigración Cataluña podrá desarrollar un modelo propio, una política integral, dado que en todas las fases de la relación de los inmigrantes con la administración y las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado».
Para la asociación de guardias civiles, algunos de estos acuerdos se explican por las «transacciones a las que se ven abocados el Gobierno y el Estado por su debilidad en los parlamentos respectivos». Además, ha recordado que muchos de estos puntos ya han sido recurridos en los tribunales por las asociaciones profesionales de la Guardia Civil por violentar la legislación vigente.
«Déficit» de guardias civiles
Según Jucil, actualmente hay desplegados en Cataluña 3.000 efectivos de la Guardia Civil, a los que habría que sumar 600 más si se cubrieran las plazas contempladas en el catálogo de puestos de trabajo. Al respecto, ha señalado que este «déficit de personal» contrasta con la ampliación de la plantilla de los Mossos d’Esquadra a 26.800 efectivos aprobada el 24 de febrero pasado por la Comisión Bilateral y la Comisión Mixta de Transferencias.
«A esta ampliación se sumará otra de 1.800 efectivos para dar cumplimiento al acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts», ha criticado Jucil, que ha dicho que estas cifras «dejan meridianmente al descubierto la estrategia de los dos gobiernos respecto a la naturaleza del despliegue de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña».
