Carles Puigdemont ha celebrado el acuerdo para la delegación de las competencias en inmigración, que ha defendido que hará que «todo lo que tiene que ver con una persona que viene del extranjero pasará por la Generalitat». En cuanto al contenido concreto, Puigdemont ha defendido el conocimiento del catalán como «elemento indispensable» para obtener la ciudadanía, sin el cual «no hay informe favorable».
Ahora bien, el presidente de Junts per Catalunya también ha advertido al gobierno español de que solo es «un punto de cumplimientos» de los acuerdos entre su formación y el PSOE y que «no cambia nada» en otras carpetas como los presupuestos del Estado.
En cualquier caso, se ha limitado a decir que la falta de confianza de hace unas semanas «se ha disminuido un poco».
En rueda de prensa tras registrar la proposición de ley acordada con el PSOE, Puigdemont ha celebrado la delegación de competencias para hacer frente al «reto demográfico» y también a otros fenómenos. «Tenemos la amenaza de la violencia y la radicación religiosa, y también el aumento de los postulados xenófobos o directamente racistas», ha alertado. Y acto seguido ha añadido que «esto obliga a hacer cambios en la manera de gestionar el fenómeno con el fin de asegurar el proceso social y económico, la cohesión y la convivencia».
«Cataluña es probablemente uno de los países en Europa más avanzados en este sentido, donde el fenómeno se expresa de la manera más contundente», ha continuado el jefe de filas de Junts, que ha remachado: «Las cifras oficiales son muy claras y no podemos ignorar el riesgo que hay de desbordamiento de servicios públicos si continuamos haciendo hasta ahora, si no hacemos ningún cambio. El impacto del fenómeno es transversal, desde la educación, la vivienda, la salud o los transportes públicos».
La lengua como requisito
Aunque admiten que necesitaría un desarrollo legislativo, desde Junts han defendido que «saber el catalán es imprescindible para demostrar que estás arraigado en Cataluña». Según el presidente de Junts, «si una administración tiene que hacer un informe para renovar una residencia o adquirir la residencia, y no hay este elemento indispensable para la integración plena, pues no puede haber informe favorable». En este sentido, ha insistido en que, «diga lo que diga la sentencia del Tribunal Constitucional, es perfectamente constitucional que una persona que no conoce el catalán en Cataluña no está integrada».
Por otro lado, en cuanto a los permisos de residencia, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha asegurado que con la proposición de ley acordada, la Generalitat podrá «tramitar, conceder, renovar y también extinguir» tanto los permisos de residencia temporal como los de larga duración. «Ante un extranjero sin papeles, la Generalitat podrá otorgar el permiso de residencia temporal si cumple los requisitos y podrá iniciar el procedimiento administrativo de expulsión si no cumple», ha señalado Nogueras.
En cuanto a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Puigdemont ha denunciado que «es una situación humanamente inaceptable» y que «da vergüenza». En este sentido, ha defendido que hay que hacer un «replanteamiento integral» de los mismos «en el marco de las directivas europeas». «No pueden ser almacenes de seres humanos», ha lamentado.
Poco «optimismo» con el Gobierno de Illa
En cuanto al desarrollo de estas competencias que pueda hacer el Gobierno presidido por Salvador Illa, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha admitido que sus políticas «no hacen ser demasiado optimismos que un mecanismo tan potente dé su utilización al máximo». En cualquier caso, ha asegurado que actuarán desde la oposición para fiscalizar al ejecutivo.
Desde Junts han remarcado que, a partir de ahora, habrá que ir preparando todos los recursos y legislación para que la delegación se pueda empezar a aplicar seis meses después de la aprobación de la ley, como establece la propia norma.