El sindicato policial Jupol ha afirmado este martes que el acuerdo cerrado entre el PSOE y Junts por la delegación a Cataluña de parte de las competencias de migración es «una auténtica vergüenza» y un «esperpento». «Son unas competencias blindadas constitucionalmente y muy sensibles y estratégicas de cualquier Estado», ha remarcado en un vídeo la organización, que ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha avisado de que han puesto a trabajar sus servicios jurídicos para «intentar revertir esta situación cuanto antes».
La reacción de Jupol, uno de los principales sindicatos de la Policía Nacional, se suma a la del sindicato de funcionarios CSIF, que ha avisado de los efectos que podría tener el pacto para los empleados de las oficinas de extranjería que hay en Cataluña. Por ello, CSIF ha pedido garantizar los derechos laborales y la «seguridad jurídica» de los funcionarios afectados por el acuerdo entre PSOE y Junts.
En un comunicado, CSIF ha reclamado «máxima transparencia» al gobierno español y ha apuntado que la propuesta conocida esta mañana supone «un cambio significativo en la gestión de los trámites de extranjería en Cataluña», de manera que exigen que se negocie con la representación de los trabajadores afectados, unos 300 según sus cálculos. «Cabe destacar que en las delegaciones y subdelegaciones del gobierno el personal dedicado a extranjería supone entre el 30% y el 50% del total de funcionarios. Por ello, esta transferencia implicaría la reubicación de un elevado número de empleados de la Administración General del Estado (AGE), lo que genera una gran incertidumbre en cuanto a su futuro laboral y condiciones de trabajo», apuntan.
Tal y como resaltan desde el sindicato de funcionarios, el personal de la AGE participa, entre otras tareas, en la gestión de permisos de residencia, arraigos, renovaciones, documentos de identidad para extranjeros o gestión de devoluciones. «CSIF se mantendrá vigilante ante el desarrollo de este proceso», concluyen.
La propuesta de ley orgánica que han registrado PSOE y Junts contempla que la Generalitat de Catalunya gestione las devoluciones de extranjeros que tengan prohibición de entrada, por lo que los Mossos d’Esquadra colaborarán en el control fronterizo con la Policía Nacional y la Guardia Civil, con quienes también compartirán la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas de cooperación. Otro punto clave del acuerdo, que deberá validar el Congreso, prevé que los Mossos se encarguen también de la «prevención, persecución, protección y asistencia» a las víctimas de tráfico y explotación.
