El PSOE y Junts han registrado este martes por la mañana conjuntamente una propuesta de ley orgánica de delegación de competencias en materia de inmigración para que la Generalitat de Catalunya pueda gestionarlas. La nueva ley contempla que la Generalitat gestione las devoluciones de extranjeros que tengan prohibición de entrada, por lo que los Mossos d’Esquadra colaborarán en el control fronterizo con la Policía Nacional y la Guardia Civil, con quienes también compartirán la seguridad de puertos, aeropuertos y zonas críticas de cooperación.
Concretamente, según han informado las dos formaciones en sendos comunicados, se ha acordado que la Generalitat se configure como «ventanilla única» de las autorizaciones de estancia de larga duración, residencia temporal y expedición del documento de identidad para los extranjeros (NIE); la cesión de la gestión de los centros de internamientos de extranjeros (CIE) en Cataluña y la competencia sancionadora de los procedimientos administrativos contra extranjeros. Este último punto contempla que instruya y ejecute las expulsiones que no necesiten expediente –las devoluciones– y que las que sí que lo requieran se ejecuten a partir de la propuesta de expulsión que formule la Generalitat.
El pacto PSOE-Junts incluye que Cataluña determine los perfiles y cupos de trabajadores contratados en origen y que se apliquen las medidas vigentes en materia lingüística. Además, los Mossos asumirán también la «prevención, persecución, protección y asistencia» a las víctimas de tráfico y explotación. Para conseguirlo, se contempla la incorporación de 1.800 nuevos agentes de la policía catalana.
Para que la Generalitat pueda asumir todas estas nuevas competencias, Junts y el PSOE han acordado que el gobierno español transfiera los «recursos humanos, técnicos y económicos necesarios» con el objetivo de que Cataluña tenga «un modelo propio» de política de inmigración. «Las instituciones catalanas tendrán una posición determinante en el marco de la legislación internacional europea y del Estado español», concluyen los comunicados que han hecho públicos ambas formaciones.
El texto pactado debe pasar ahora el trámite correspondiente en el Congreso de los Diputados y al ser ley orgánica necesitará mayoría absoluta para ser aprobado, por lo que será necesario que todos los socios de la investidura del presidente español, Pedro Sánchez, voten a favor, si no surge una inesperada mayoría alternativa que lo acabe validando.
