El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha decidido juzgar al exconsejero de Cultura y diputado de JxCat Lluís Puig en ausencia por el retorno de las obras de arte del Museo de Lleida a Vilanueva de Sigena (Huesca). Debido a una modificación legal de Bélgica, donde reside Puig, no se ha podido hacer la declaración a través de videoconferencia.
Como la pena es inferior a los dos años de prisión, se puede celebrar el juicio sin su presencia, algo que ha pedido la Fiscalía contra la opinión de la defensa, y eso es lo que ha decidido hacer el tribunal. Puig se enfrenta a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia.
El otro acusado por los hechos, el también exconsejero de Cultura Santi Vila, será juzgado más adelante y este jueves se ha acogido a su derecho a no declarar como testigo y coacusado.
Ya al inicio de la vista oral, el presidente del TSJC y del tribunal que juzga a Puig, Jesús María Barrientos, ha dicho que el tribunal «no se puede quedar en stand by a la espera de que la legislación belga permita la declaración por videoconferencia», teniendo en cuenta, además, el tiempo transcurrido respecto de los hechos. Barrientos ha recordado que Puig consta citado personalmente para el juicio y ya se le advirtió de que podía ser juzgado en ausencia.
En el turno de las cuestiones previas, el fiscal ha modificado el escrito de calificación provisional para «concretar» algunos de los hechos que se atribuyen a Puig. Barrientos le ha advertido de que esto podría conllevar tener que aplazar el juicio porque vulneraría el derecho de defensa, basado en el actual escrito de acusación. Sin embargo, el Ministerio Público ha dicho que no se ampliaban los hechos, sino que se detallaban más.
Así, ha concretado que el juzgado de Huesca que había ordenado la devolución de las piezas notificó a Puig el auto del 27 de junio de 2017 el día 7 de julio de 2017, dos días después de ser nombrado consejero de Cultura, y le daba de plazo para acordarlo el 25 de julio siguiente. No obstante, el fiscal asegura que Puig dejó correr el plazo de forma «voluntaria y consciente» y tampoco hizo nada en los siguientes meses de agosto, septiembre y octubre, cuando fue destituido por el gobierno español.
Tras una pausa para deliberar las peticiones de las partes, el TSJC ha insistido en celebrar el juicio en ausencia y ha rechazado la modificación de los hechos introducida por la Fiscalía.
