La Fiscalía ha sostenido este jueves que el exconsejero de Cultura, Lluís Puig, no tenía «voluntad» de entregar a Sigena las piezas depositadas en el Museo de Lleida, una entrega que le había exigido el juzgado de Huesca poco después de tomar posesión del cargo, en julio de 2017.
En el turno de conclusiones durante la vista oral en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el fiscal ha mantenido la petición de condena para Puig de dos años de inhabilitación y 6.000 euros de multa por un delito de desobediencia grave.
El representante del Ministerio Público, además, ha afirmado que «probablemente» las obras seguirían en Lleida si no se hubiera aplicado el artículo 155 de la Constitución para que el Gobierno de España controlara la Generalitat. «Se nos ha dicho que la decisión del consejero era cumplir, pero no ha cumplido, como también se nos dijo que tenía intención de comparecer y no ha acudido a declarar», ha añadido.
La defensa insiste en que Puig quería cumplir
A su vez, el abogado de Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, ha asegurado que Puig mostró claramente una «voluntad» de cumplir la resolución del juzgado de Huesca, pero pidió tiempo para estudiar un tema «complejo» y ordenó a sus subordinados que lo solucionaran. «Era consciente de que podía desobedecer», ha dicho, pero también ha asegurado que no podía decidir el retorno unilateralmente porque no dependía solo de él, sino del Consorcio del Museo Diocesano de Lleida. «Si lo hubiera hecho, no estaríamos aquí por desobediencia, sino por prevaricación», ha añadido.
Cuevillas también ha argumentado que no se cumplen los requisitos jurisprudenciales del delito de desobediencia, como que ésta sea clara y reiterada. Finalmente, ha pedido que, en caso de condena, se le aplique la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el procedimiento comenzó en 2018, y que no se le haga pagar el coste del traslado, que debería asumirlo la Generalitat sólo si lo reclama el gobierno de Aragón y lo dictamina el juzgado civil de Huesca.
El TSJC ha decidido este mismo jueves juzgar a Puig en ausencia porque, debido a una modificación legal de Bélgica, no ha podido hacerlo a través de videoconferencia. El juicio estaba previsto que se alargara durante dos días, pero ha quedado visto para sentencia este mismo jueves.
