La Mesa del Congreso de los Diputados ha avalado este martes la tramitación de las proposiciones de ley del PP, Sumar y Podemos que reclaman que el salario mínimo interprofesional (SMI) quede exento del pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Una vez admitidas a trámite, el Gobierno de España dispone de 30 días hábiles para presentar, en caso de que quiera, un veto a las iniciativas amparándose en el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que el ejecutivo puede detener proposiciones de ley y enmiendas si implican un aumento del gasto o una disminución de ingresos del Estado.
En la práctica, la decisión de la Mesa abre un plazo de unas cinco semanas para que los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, lleguen a un acuerdo. La Mesa también ha admitido la tramitación de las proposiciones no de ley de ERC y BNG en el mismo sentido.
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido nuevamente la posición de la vicepresidenta segunda y líder de su espacio político, Yolanda Díaz. En una entrevista en RNE ha afirmado que hacer tributar a los perceptores del SMI es «socialmente injusto» y ha afirmado que el PSOE está «aislado en el Congreso» en esta cuestión. Según Urtasun, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, tiene «perdido el debate». En todo caso, se ha mostrado partidario de alcanzar un acuerdo dentro del ejecutivo, difunde la ACN.