El PP ha pedido la intervención de la Comisión Europea para que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deje de ocupar el cargo por su imputación. En una carta firmada por la eurodiputada Dolors Montserrat y enviada al comisario de Democracia, Justicia y Estado de Derecho, Michael McGrath, los populares consideran que mantener un fiscal general «con una actitud completamente contraria a los principios de actuación del Ministerio Fiscal en un procedimiento penal dinamita la credibilidad de la institución y, por tanto, la salud del Estado de derecho en Europa».
La carta del PP, dada a conocer este martes, ha llegado después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acreditara que García Ortiz borró sus mensajes de WhatsApp y correo electrónico el mismo día en el que fue imputado como presunto autor de la filtración de información sobre el empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
«España se encuentra en un momento difícil por la imputación del fiscal general del Estado, un hecho inaudito en democracia y en la Unión Europea; a pesar de estar imputado penalmente por revelación de secretos y dañar a la oposición política, se niega a renunciar en medio de un clamor de las asociaciones fiscales que piden su dimisión inmediata», señalan los populares.
En la misiva, Montserrat también considera «incluso más grave» que el gobierno español, con el presidente Pedro Sánchez al frente, «contribuya a su protección (de García Ortiz) y ataque sistemáticamente la labor de los jueces».
Para el PP, «un poder judicial independiente es esencial» para asegurar que «aquellos que cometen actos de corrupción sean llevados ante la justicia». En este sentido, reclama a la Comisión Europea «poner en marcha todos los mecanismos disponibles para proteger los valores fundamentales de la Unión». «Está en juego nuestra credibilidad», afirma el partido en el escrito.
«En estos momentos geoestratégicos de gran relevancia para Europa, donde los populistas destruyen la imagen de nuestras instituciones, es responsabilidad de todos demostrar a los ciudadanos que nadie está por encima de la ley, incluidos los políticos, fiscales o jueces del Tribunal Constitucional», resumen los populares. «No permitamos que se produzcan derivas autoritarias y manipulaciones jurídicas que violan íntegramente los principios de nuestro Estado de derecho», añaden.