Un Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha condenado a la Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgell a indemnizar a un campesino que no pudo regar por el cierre del canal en 2023 debido a la sequía. Este agricultor de Castellnou de Seana (Lleida) decidió presentar una reclamación patrimonial porque a finales de marzo de ese año sembraron maíz sin que nadie le avisara de la situación que vendría al cabo de unas semanas, y el caso llegó a los juzgados el pasado 7 de febrero. Ahora, la comunidad de regantes tendrá que pagar 2.451,58 euros al demandante, una cifra correspondiente a los costes de la siembra y el herbicida por el maíz que no llegó a cosechar, abriéndose así la puerta a la presentación de nuevas demandas, ya que de afectados como este campesino hubo centenares.
En la sentencia, que es firme y no puede ser apelada, el magistrado hace constar que el cierre del canal y la decisión sobre el destino final del agua que se pudo suministrar a finales de abril, utilizada para supervivencia de los árboles frutales, fue tomada por la comunidad general demandada. Asimismo, según el juez, no cabe duda de que quien «maneja» la información oficial y más «técnicamente fidedigna» sobre la situación de sequía también era la comunidad, por las fuentes de información que tiene sobre la situación hídrica de la cuenca.
En la sentencia también se recuerda que la comunidad general de regantes, aunque gestiona fines públicos, al mismo tiempo debe satisfacer los intereses privados de sus miembros y que el derecho al uso del agua es igual para todos los regantes y proporcional a la superficie regable, según se dispone en las mismas Ordenanzas de la Comunidad General de los Canales de Urgell, en el artículo 54. El juez ha considerado que la comunidad intentó esquivar su «eventual responsabilidad» con el agricultor que presentó la reclamación patrimonial, alegando una causa de «fuerza mayor» y con una serie de explicaciones que «no pueden prosperar».
Además, sin negar la situación excepcional que ocasionó la fuerte sequía de hace dos años, el juez concluye que la comunidad conocía las circunstancias excepcionales de sequía con anterioridad a 2023, por lo que quedaría desactivada la «concurrencia de fuerza mayor», y que la información transmitida no fue ni «suficiente ni previsora» para poder anticipar o planificar adecuadamente la situación futura de un cierre pocas semanas después de sembrar.
Desde la Plataforma Manifiesto del Gran Urgell, su portavoz, Jaume Perera, ha destacado que la sentencia reconoce el daño de la «gestión deficiente», la poca información y la decisión «arbitraria» de los responsables del canal que ahora deberán indemnizar al regante con la cuantía reclamada más los intereses correspondientes.
