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El Congreso renueva el Pacto de Estado contra la Violencia de Género e incluye la violencia vicaria, económica y digital

Pancartas y consignas en la manifestación del 25 de noviembre en Barcelona (Albert Hernández, ACN).

El Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes en comisión por 34 votos a favor (PP, PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, Podemos y BNG) y 3 en contra (Vox) el informe del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que tendrá una duración de cinco años e incluye 462 medidas para reforzar la lucha contra las distintas formas de violencia machista. Como novedad, el plan incluye mecanismos para combatir y tipificar la violencia vicaria, la económica y también la digital, pero deja fuera otras violencias a pesar de las peticiones de algunos grupos, como la violencia obstetricia o la institucional. El plan, aprobado en comisión, se votará en el pleno del Congreso próximamente.

Coincidiendo con el 20º aniversario de la primera ley contra la violencia de género, aprobada en 2005 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo se ha renovado en comisión y se votará en el pleno del Congreso próximamente. Entre las novedades, por primera vez el pacto especifica que los hijos y las hijas son víctimas directas de violencia de género cuando se ejerce violencia para dañar a sus madres.

También propone tipificar conductas que limitan la independencia económica de las mujeres, como por ejemplo impedir el acceso a recursos financieros o laborales, así como medidas para combatir el acoso y la violencia ejercida a través de medios digitales y redes sociales. El nuevo pacto, además, reclama iniciativas de implementación de educación afectivo-sexual impartida por profesionales cualificados en las primeras etapas formativas, así como mejoras en la capacitación de profesionales de varios sectores para garantizar una respuesta adecuada y sensible en los casos de violencia de género.

Debate político

Pese a que han votado a favor del informe y han defendido el pacto, ERC y Podemos han lamentado que no incluya otras violencias contra las mujeres, como la violencia obstétrica y la institucional, mientras que Junts ha recordado que el Estado debe garantizar las aportaciones a las comunidades autónomas para las políticas de lucha contra la violencia de género.

El PSOE ha celebrado que las formaciones hayan sido capaces de apartar sus diferencias puntuales para alcanzar el acuerdo y el PP, pese a su voto favorable, ha reprochado a los socialistas que no hayan priorizado la renovación del pacto y a Podemos que no implementara buena parte de las medidas durante el mandato de Irene Montero como ministra de Igualdad.

La única fuerza que se ha opuesto al pacto de Estado es Vox. Su portavoz en la comisión, Rocío Aguirre Gil de Biedma, ha afirmado que su formación está en contra de «toda la violencia» y, por ello, mantiene una «oposición frontal» a un informe que es «una estafa» y que solo extiende «ideología» para que «parezca que hacen algo». El informe, según Vox, tiene como premisa una «ley injusta sobre todo para los hombres» que «atenta contra el principio de igualdad».

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