La portavoz de Barcelona en Comú (BComú), Janet Sanz, ha acusado al alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, de «complicidad con el lobby inmobiliario» y le ha exigido que dé explicaciones públicas sobre la «estafa» por la falta de multas por incumplimientos del 30% de vivienda pública. Sanz ha acusado a la teniente de alcaldía de Vivienda, Laia Bonet, de mentir, y ha recriminado al gobierno municipal que si no ha habido sanciones por los incumplimientos es por falta de voluntad política.
Sanz ha defendido que mientras BComú estaba en el gobierno municipal se finalizaron dos de los diecisiete expedientes incoados y que eso demuestra que la seguridad jurídica existe. «Se trata de un intento desesperado de tapar el escándalo», ha manifestado sobre las explicaciones de Bonet.
La portavoz de BComú ha lamentado que Collboni no haya «dado la cara» y ha asegurado que tras las palabras de Bonet se han quedado «más alarmadas y preocupadas». Sanz ha considerado que la teniente de alcaldía ha «mentido» sobre el procedimiento administrativo que se debe seguir ante un incumplimiento de la reserva del 30% a vivienda pública y ha explicado que, cuando los comunes estaban en el gobierno municipal, dejaron los expedientes abiertos y que el nuevo ejecutivo socialista les informó en septiembre de que los había suspendido para obtener un informe jurídico.
Al respecto, Sanz ha señalado que «nadie ha visto» este informe y ha apuntado que si los expedientes se reactivaron, se tenía que volver a hacer un requerimiento a los incumplidores y «en un plazo de un mes» éste tenía que responder. Si no lo hicieron, ha defendido que el Ayuntamiento debe imponer la multa. «Lo que tiene que hacer la administración es poner las sanciones, no tiene que hacer otra cosa», ha insistido.
La portavoz de BComú ha criticado que lo que hizo el gobierno del PSC es «dejar que caducaran» y se ha preguntado si Bonet «todavía está esperando» años después que los promotores respondan. En este sentido, Sanz ha afirmado que no pone en duda el trabajo de los servicios jurídicos, pero ha asegurado que aquí lo que interviene es la voluntad política para insistir o no en el cumplimiento de determinadas normativas.
Según los cálculos de BComú, de los diecisiete expedientes iniciados en su etapa, dos los finalizaron estando ellos en el gobierno municipal, cinco estaban en fase de apertura y no respondieron al requerimiento y diez en fase inicial. A partir de ahí, Sanz ha acusado al gobierno municipal de «detener» las inspecciones: «Hay una voluntad política para que no se aplique el 30%», ha manifestado la portavoz de los comunes, que ha exigido a Collboni que no se «esconda más» y ha pedido a ERC ir juntos para conseguir que el alcalde comparezca para dar explicaciones.
