La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) es, desde hace muchos años, un foco de polémica y conflicto permanentes. La tensión se ha vuelto a poner de manifiesto a raíz del informe que publicó el año pasado la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de los centros de acogida de menores migrantes, entre los años 2016 y 2020.
Este informe destapaba el descontrol y el incumplimiento de los procedimientos administrativos en el gasto de 944 millones que fueron a parar a centros privados, encargados de la acogida de estos niños y adolescentes. El informe, elaborado por la síndica Maria Àngels Cabasés, ponía gravemente en cuestión la gestión de la DGAIA por parte de ERC, partido que controló este organismo durante el periodo auditado.
ERC ha intentado sacudirse las pulgas y ha justificado estas irregularidades por el triple efecto del artículo 155, la pandemia y la llegada masiva de menores. Y consiguió, la semana pasada, que PSC y Comuns le hicieran alusión a la hora de rechazar las conclusiones y las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas. En su intervención, el síndico mayor, Miquel Salazar, defendió la honestidad y la integridad de la institución que preside.