El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que el Gobierno de España haya propiciado ninguna operación irregular de espionaje desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en junio de 2018. Según el ministro, no ha habido ninguna «cloaca» y todas las actuaciones de los servicios de inteligencia han sido amparadas por jueces. Marlaska ha hecho estas manifestaciones en respuesta a una pregunta del portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, que le ha recordado el espionaje con Pegasus en estos años y el último informe de los Mossos d’Esquadra que confirma que la mano derecha del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, fue espiado en 2019.
Durante la sesión de control en el Senado, Pujol ha instado a Marlaska a «pedir perdón» a «todos los catalanes que han sido atacados por las cloacas del Estado». Además, ha destacado que este mes de enero los Mossos d’Esquadra «han confirmado que el Estado ha utilizado los servicios de inteligencia para espiar a líderes políticos, periodistas, abogados y activistas», y ha que él mismo ha sido espiado con Pegasus.
«Ahora sabemos que con Pedro Sánchez en la Moncloa su ministerio espió con Pegasus al director de la Oficina del presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio, Josep Lluís Alay». «¿No le cae la cara de vergüenza?«, ha dicho antes de preguntarle quién ordenó el espionaje de la mano derecha de Puigdemont. Según Pujol, Marlaska «sería un buen ministro de la gobernación» porque aquellos de la época franquista «también espiaban y lo negaban».
En su réplica, Marlaska ha insistido en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el CNI «siempre» han actuado con autorización judicial, y «en el caso impensable» de que pasara otra cosa, los perjudicados «tienen el amparo del poder judicial».
En todo caso, el ministro ha afirmado que el gobierno de Pedro Sánchez siempre «ha colaborado en todo momento» para esclarecer los hechos, poniendo como ejemplos la desclasificación de documentación, la convocatoria de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso y la «colaboración» con la comisión del Parlamento Europeo.
Según Marlaska, Pujol «confunde 2017 con lo que ha pasado a partir de 2018», porque el gobierno de Sánchez llegó para «luchar contra todas las prácticas que puedan conculcar el estado de derecho».
