Cuatro candidatos aspiran a relevar a Carles Puigdemont como presidente del Consell de la República, la entidad que nació en 2018 para liderar la «internacionalización del procés«. Después de que el expresidente volviera a coger las riendas formales de Junts, el pasado otoño, se acordó la dimisión en bloque del Govern, la constitución de una gestora y la convocatoria de elecciones, que arrancan este sábado. Destacan los nombres del eurodiputado electo Toni Comín, salpicado por acusaciones de mala gestión y acoso, y del abogado Jordi Domingo, que genera más consenso en el entorno de Puigdemont, que ha optado por el silencio. Todos los candidatos proponen redefinir de una manera u otra el papel de la entidad, a raíz del cambio de contexto político.
Los registrados del CxR podrán votar telemáticamente desde este sábado, a las 9 h, hasta el miércoles que viene, a las 9 h. Al día siguiente, el jueves, se publicarán los resultados provisionales de las elecciones, que se proclamarán definitivamente el lunes 17 de febrero.
El primero de los candidatos a anunciar que se proponía fue el eurodiputado electo de Junts y exconseller de Salut, Toni Comín, que fue vicepresidente de la entidad entre 2018 y 2024. Su gestión económica justamente ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, junto con la denuncia por acoso de un exasesor en el Parlamento Europeo hecha pública recientemente. Comín lo ha negado todo y ha denunciado «interferencias» para influir en el proceso electoral.
Justamente, el eurodiputado electo promete «transparencia financiera máxima», que considera «un imperativo», además de una mayor coordinación con el resto de entidades independentistas y trabajar para conseguir más registrados. Comín, a quien todavía no se ha aplicado la amnistía y continúa residiendo en Bélgica, defiende su candidatura porque «el Consell está indisolublemente vinculado al exilio».
Enfrente se encontrará el abogado Jordi Domingo, que parte como el favorito a las quiñelas internas de la entidad. Con una trayectoria de más de 50 años en el derecho civil, mercantil y procesal, fue cónsul mayor del Consolat de Mar. Se ha comprometido a hacer del Consell «una institución cercana, participativa y transparente», así como a «desarrollar estrategias concretas para la internacionalización del conflicto y la instauración de la República».
Domingo no ha dejado de reclamar «fuego nuevo» y que den «un paso al lado» los «responsables del desprestigio» de la entidad, como aseguró en una entrevista a Nació. El abogado es el presidenciable del entorno del expresidente Puigdemont, que ha optado por un relevante silencio. De hecho, el excónsul mayor ha sumado a su candidatura el exconseller Lluís Puig, compañero de exilio de Comín, al que ahora se enfrenta.
El resto de candidatos son Antoni Walter Castelló, profesor de secundaria mallorquín que se presenta en solitario para sacudir la entidad, y Montserrat Duran, del Consell Territorial de El Barcelonès-Baix Llobregat, que tiene el apoyo de militantes de base.
Inicialmente, había seis aspirantes a la presidencia del Consell de la República, pero a principios de esta semana Lluís Felipe Lorenzo anunció que se retiraba de la carrera. Lo hacía en «solidaridad» con Comín, a quien considera que se está «atacando sin condena firme». Este mismo viernes se ha apartado de la carrera el concejal de Millorem Canet-Primàries, Jordi Castellà, que se ha integrado en la candidatura de Jordi Domingo. Castellà apostaba por trasladar el CxR a Suiza para cambiar el foco de la UE a la ONU.
Las últimas consultas de la entidad han estado marcadas por la baja participación. En la votación sobre la reestructuración de la entidad, en octubre de 2023, participaron un 6,53% de los 90.481 inscritos, según la entidad. En la consulta para «promover el bloqueo» a la investidura de Pedro Sánchez la cifra bajó hasta el 4,45%.
Los gastos de Comín
La carrera para el relevo de Puigdemont ha estado marcada por las acusaciones de «posibles irregularidades» en la gestión económica de Comín como vicepresidente de la entidad. Concretamente, una auditoría señaló cinco gastos indebidos por un valor total de 15.530,35 euros: retiros en efectivo para pagar un alquiler en Lovaina (6.000 euros), el pago de impuestos de otro apartamento en la ciudad belga (4.608 euros), el alquiler de una casa en la Cataluña del Norte durante 15 días (2.562 euros), el alquiler de un coche durante dos semanas (1.997,35 euros) y una multa de tráfico (363 euros).
A las conclusiones de esta auditoría interna, hay que sumar otras denuncias, como la de Ferran Revilla exresponsable de informática del CxR, que le ha acusado de desviar fondos para usos personales; o del cantante de rap Valtonyc, que afirmó que Comín «priorizó el pago de deudas a una empresa de su confianza con las donaciones producidas por el retorno del presidente». El activista mallorquín remachó que la información publicada era «solo la punta del iceberg»
El eurodiputado electo de Junts, que ha acusado a la gestora de la entidad «de interferir» en el proceso electoral para «perjudicar» su candidatura, dice que los gastos están debidamente acreditados y que le corresponden como vicepresidente de la entidad y como exiliado. «No hay caso Comín, no puedo aceptar que se hable de caso Comín, porque no lo hay», replicaba en rueda de prensa desde Bruselas. En el caso de Valtonyc, el candidato a la presidencia ha anunciado acciones legales.
Denuncia por acoso
Además de la gestión económica, Comín también se encuentra en el punto de mira por la denuncia de un exasesor del partido en el Parlamento Europeo por acoso sexual y psicológico, adelantada la semana pasada por La Vanguardia. Concretamente, le acusa de tocamientos, insinuaciones, interrogatorios sobre su vida sexual y propuestas de tríos con otro hombre. El caso es investigado por Junts, que ha evitado explicar cuándo tuvo conocimiento.
En un comunicado pocas horas después de la publicación de la información, Comín anunció que emprendería las «acciones necesarias» para demostrar su «honorabilidad». Señalaba la «coincidencia temporal» de la «falsa denuncia» con las elecciones del Consell de la República, y añadía que «habrá que valorar en qué medida puede ser un delito de odio por homofobia».
La denuncia contra Comín ya se encuentra en manos de la comisión de garantías de Junts, que deberá decidir las «medidas cautelares» que considere. Este órgano no tiene previsto resolverlo hasta que pase la carrera electoral. No obstante, el eurodiputado ha asegurado que no teme que el partido le pida dejar el escaño porque «atentaría contra la democracia».
