El Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas) ha criticado que el Ayuntamiento de Barcelona y Hàbitat3 «premien», y en parte con dinero público, al propietario de la Casa Orsola con la compra por 9,2 millones de euros del edificio. El portavoz del sindicato, Enric Aragonès, ha apuntado que la cifra está muy por encima de lo que pagó el propietario y ha criticado que la negociación se ha hecho «a escondidas», sin hablar con ellos ni con los vecinos.
Tanto Aragonès como el vecino sobre el que pesaba el desahucio, Josep Torrent, han celebrado quitarse de encima esta amenaza de desahucio, pero han alertado de que el conflicto «no ha acabado» y han reclamado que la gestión del futuro la hagan los vecinos. Además, el sindicato ha convocado una movilización para el 17 de febrero para hacer visibles «las otras Casas Orsola».
En una rueda de prensa frente al edificio, Aragonès ha criticado la «vergüenza de rueda de prensa» del Ayuntamiento de Barcelona, a quien ha acusado de querer «instrumentalizar» la movilización social y «sacar rédito político» de su lucha. «Ni el síndic, ni Hàbitat3, ni el Ayuntamiento han puesto nunca un pie en la Casa Orsola, ni han hablado nunca con ninguno de los vecinos, ni han compartido con el Sindicat lo que estaban trabajando a escondidas», ha destacado Aragonès.
El portavoz ha querido reivindicar el papel de la movilización social y ha criticado que el consistorio «intente, de manera ridícula, hacer ver que el Sindicat no existe». En este sentido, les ha acusado de «tomar el derecho» y ha considerado que si alguien piensa que la compra de la casa no está relacionada con la lucha que ha habido es que está «muy desconectado de la realidad».
Sobre los 9,2 millones de euros que costará el edificio, Aragonès ha dicho que es una cifra que ni entienden ni pueden aceptar y ha apuntado que será el gobierno municipal «quien tendrá que dar explicaciones». Además, ha insistido en que el propietario actual recibirá esos 9 millones de euros después de haber intentado durante años «echar a los vecinos».
Por otro lado, el Sindicat ha criticado también que la compra se haga conjuntamente con Hàbitat3, a quien ha acusado de firmar un informe «para desmantelar» la medida del 30% de vivienda protegida.
Encuentro «de bloques en lucha»
Precisamente para dejar patente que el conflicto no ha acabado, el Sindicat de Llogateres ha convocado un encuentro «de bloques en lucha» para el lunes 17 de febrero por la tarde, víspera de la fecha que se había fijado para el desahucio de Josep Torrent. Aragonès ha dicho que Casa Orsola es un «faro» y debe servir para visibilizar un problema «cada vez más colectivo».
Al ser preguntado sobre cuántos edificios podrían estar en la misma situación, el portavoz ha dicho que en el mismo barrio de la Casa Orsola podrían haber unos 44 bloques, y que si se retira la medida del 30%, «más de 3.900 bloques» podrían estar en esta situación. Más allá de estas cifras, Aragonès ha valorado que cualquier inquilino está en riesgo de encontrarse en la misma situación porque actualmente «no tiene ningún tipo de protección» cuando se le acaba el contrato. «La única protección es la desobediencia, quedarse en casa y, sobre todo, la organización», ha dicho.
El Sindicat ha reiterado las reclamaciones para conseguir una regulación que garantice una rebaja de precios efectiva, contratos de alquiler con renovación automática, regular el precio de alquiler de temporada y prohibir «operaciones especulativas» como la de Casa Orsola. Así, ha recordado al alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que es su partido el que gobierna en el Estado y quien podría sacar adelante estas reformas.
El vecino afectado ve «un poco de esperanza»
El vecino sobre el que pesaba la orden de desahucio, Josep Torrent, ha valorado que después de tres años de «incertidumbre, dolor y sufrimiento» ahora ve «un poco de esperanza». Ha agradecido el apoyo del Sindicat de Llogateres y de los vecinos y ha asegurado que sin ellos eso no hubiera sido posible. De hecho, ha criticado que el Ayuntamiento no se haya puesto en contacto con los vecinos y ha afirmado que «habría sido un detalle» que les hubieran tratado como interlocutores.
Torrent ha puesto en duda las cifras aportadas por el Ayuntamiento y ha asegurado que hay más vecinos con demanda judicial -ha hablado de seis y no tres- y también ha afirmado que los pisos de alquiler temporal en el edificio son más de los que dicen desde el consistorio. «Esto nos preocupa», ha manifestado.
Otra vecina, Elisenda Paños, ha dicho que esta noche podría dormir por primera vez «con un poco de tranquilidad», pero ha pedido no olvidar que la medida anunciada por el Ayuntamiento es solo para la Casa Orsola y no una solución estructural. «Hay muchos edificios que están como nosotros y a los que se les tiene que encontrar una solución», ha subrayado.
