Poco se podían imaginar el Partido Popular, Junts per Catalunya y Vox que la caída, hace dos semanas, del decreto ómnibus de medidas sociales generaría tanta repercusión política, mediática y ciudadana. Probablemente tampoco en las filas del gobierno español y de los grupos que le apoyan se podían pensar que habría tanta revuelta social después de que los ‘juntaires’ anunciaran que no apoyarían el documento que contenía las múltiples partidas sociales.
El error de cálculo, tanto del partido de Feijóo como del de Puigdemont viene, sobre todo, por el hecho de que pensaron más en las consecuencias políticas de la derrota del ejecutivo que del contenido de las medidas del texto legal. En otras palabras, no calibraron del todo el hecho de que dos de las medidas del decreto, la revalorización de las pensiones y la bonificación de los precios del transporte público, afectaban al bolsillo de millones de personas. Y en política se puede jugar con prácticamente todo pero no con los recursos económicos de la ciudadanía. Sólo hay que echar un vistazo a las redes sociales o hablar con personas de los colectivos afectados para entender que la no convalidación de este decreto no fue una votación más de la legislatura.
Soy de los que piensa que marcó un punto de inflexión. Está por ver, sin embargo, hacia dónde. Supongo que en el núcleo duro del líder del PP pensaron que la votación, en caso de que el partido de Puigdemont la rechazara, serviría para evidenciar la fragilidad parlamentaria del gobierno español. En Junts per Catalunya, en cambio, con su voto contrario, querían demostrar que las amenazas del presidente de su formación iban en serio. Es evidente que la no aprobación del decreto mostró la fragilidad política del bloque de la investidura y el hecho de que el gobierno central se tenga que replantear cómo afrontar el futuro de la legislatura, pero vista la reacción social parece que han perdido mucho más el Partido Popular y Junts per Catalunya.
Las dos fuerzas conservadoras se afanaron rápidamente, visto el error de cálculo, en hacer declaraciones a los medios de comunicación para dejar bien claro que ellos estaban a favor de la revalorización de las pensiones y de la rebaja del transporte público. Incluso los populares, emulando la recogida de firmas contra el Estatuto, pusieron en marcha una campaña de firmas para demostrar su apoyo a los pensionistas. A veces, la realidad política supera la ficción. Con todo, lo más interesante de aquella jornada parlamentaria es que quedó patente la impotencia tanto de Puigdemont como de Feijóo: uno por no haber llegado a la presidencia del Gobierno de España y el otro por no haber sido reelegido presidente de la Generalitat. En el primer caso, el líder conservador corre el riesgo de ser percibido para la ciudadanía como un político que se mueve entre el pasado y un futuro que no acaba de llegar. Dicho de otra manera, el presidente del PP bascula entre repetir constantemente que ganó las elecciones y la necesidad permanente de celebrar unas nuevas para ver si ahora con Vox suma mayoría absoluta. En un momento dado pareció que Feijóo quería acercarse al PNV y a Junts per Catalunya para alejarse de la extrema derecha, pero las declaraciones subidas de tono de Miguel Tellado y otros responsables de la formación hacen presagiar que, en un futuro a corto y medio plazo, es muy difícil un entendimiento con los nacionalistas vascos.
Y todo ello sin tener en cuenta el peso de Isabel Díaz Ayuso y del PP de Madrid… En cuanto a Puigdemont, él se pensaba que, tras las elecciones autonómicas del año pasado, Pedro Sánchez forzaría al entonces candidato Salvador Illa a abstenerse en una investidura para que gobernara Junts y, en consecuencia, que el presidente español disfrutaría de una mayor estabilidad en el Congreso de los Diputados. O, dicho de otra manera, el líder y máxima figura de la formación heredera del espacio post-convergente aún no ha acabado de asumir que su fuerza política no preside la máxima institución del país. Por ello, su estrategia actual está tan focalizada en la desestabilización del nuevo gobierno catalán.
En todo caso, como suele ocurrir en votaciones como la del decreto ómnibus ahora ya es cuestión del relato y de la capacidad de cada formación de imponer el suyo. Eso sí, queda en el aire saber si Junts per Catalunya repetirá (con PP y Vox) una operación política similar en el futuro más inmediato.
