A partir de la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y, en concreto, del «Decreto de Autonomía», este concepto cambia radicalmente y bajo el nombre de autonomía se esconde lo que realmente se pretendía implementar: la jerarquización de las relaciones dentro del centro y la potenciación de la figura del director/a como jefe de personal. Para poder garantizar este tipo de Autonomía de Centro, hacía falta cambiar el tipo de gestión. Así, el tipo de organización que propuso la ley es copia de la gestión en un centro privado: poder de las direcciones para decidir el Proyecto del centro, para seleccionar al profesorado, para autofinanciarse, etc. Se trata, básicamente, de aumentar el poder de las direcciones como si se tratara de una empresa privada.
Todo ello se ha ido implementando a partir del Decreto de Direcciones y, últimamente, con el Decreto de Plantillas. Ya en el curso escolar 2022-23, según los sindicatos, más del 80% de nombramientos se han hecho «a dedo» por las direcciones, tras entrevistas personales. Este Decreto de Plantillas ya fue impugnado en su momento (mayo de 2013) por el profesorado y ha continuado siendo una de las reiteradas reivindicaciones hasta hoy. El Departamento de Educación permite que los centros puedan elegir hasta un 50% de sus plantillas con el objetivo de encontrar «perfiles profesionales» que se adecuen al proyecto educativo de cada escuela o instituto, así como con «propuestas de no continuidad» de los interinos, sobre todo aquellos/as que han sido críticos con la dirección.
Esta política, además de obviar que se trata de centros y puestos de trabajo públicos que deberían ser provistos de acuerdo con los principios de objetividad y transparencia, desemboca en una «competición» entre escuelas públicas «para captar a los alumnos con más recursos económicos y más bagaje cultural», creando «una red de escuelas que se consideran más innovadoras», pero que acaban fomentando la «segregación» del alumnado según los recursos económicos de las familias. Cuando se dice que los directores o directoras puedan escoger al profesorado en función del Proyecto de Centro, se da por supuesto que todos los centros tienen un proyecto único y singular que necesita un «perfil» de profesorado determinado. Pero la realidad no es así. Los proyectos no varían tanto de un centro a otro, sino que se van adaptando en el día a día, en función de las necesidades del alumnado y en función de las leyes y normativas del momento. Los proyectos educativos, en democracia, deben irse construyendo conjuntamente con el profesorado del centro, a partir de las necesidades del alumnado y las familias.
Por otro lado, estimular una gran diferenciación entre los centros no hace más que generar competitividad entre ellos y desmontar lo que es realmente un servicio público, que quiere decir que todos los centros deben ofrecer una calidad igual. Por lo tanto, tampoco es necesario que cada centro tenga que inventar la «mejor manera» de educar y enseñar. En todo caso, las buenas prácticas y las fórmulas pedagógicas que funcionen mejor, hay que socializarlas, extenderlas a todos los centros y adaptarlas a cada realidad. La elección del profesorado a dedo abre la puerta a prácticas no deseables y crea malestar en el profesorado: sólo en 6 meses, en 2024, hubo 210 denuncias por abusos y/o acoso por parte de la dirección. Además, deja al profesorado sin capacidad de iniciativa y participación.
Si todo el mundo debe plegarse a las ideas del director o directora de turno y debe hacer las cosas tal y como éste ha diseñado, ¿dónde queda la adaptación al alumnado, la innovación en el aula de todos y cada uno de los docentes, la confrontación de ideas y resultados? La educación es una tarea colectiva y la participación de todo el profesorado es fundamental. Si el puesto de trabajo depende de la dirección, es evidente que esto estimula la sumisión y la aceptación de lo que la dirección decide. Y así estamos viendo como los claustros son cada vez menos participativos y con menos debate. Y, por tanto, con menos democracia también.
Y, ¿cómo queremos educar para la democracia si no educamos en democracia? Las personas que creemos y defendemos la educación pública tenemos dos tareas: La primera, luchar para que la red pública sea el eje vertebrador de nuestro sistema educativo y que los conciertos vayan disminuyendo paulatinamente. Y dos, velar para que los centros públicos no se acaben convirtiendo en una serie de franquicias del Departamento de Educación, gestionadas por las direcciones, compitiendo entre ellas por los mejores alumnos y los mejores profesionales.
La educación pública no puede convertirse en un mercado educativo.