La Fiscalía se opone a aplicar la amnistía a Laura Borràs en el caso de los contratos de la ILC

Boye, abogado de la expresidenta del Parlament, pide una revisión de la sentencia y amnistiarla

    La expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs (ACN)

    La Fiscalía se ha opuesto este martes a aplicar la ley de amnistía a la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borràs, condenada por el caso de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), tal y como ha pedido hoy su defensa en una vista en el Tribunal Supremo (TS). A pesar de no concretarlo durante la sesión, la fiscal teniente del alto tribunal, María de los Ángeles Sánchez Conde, lo ha concretado al salir de la sala.

    Por su parte, el abogado de Borràs, Gonzalo Boye, ha pedido aplicar la ley aprobada en el Congreso el pasado mes de junio y ha defendido el voto particular de la sentencia, donde se proponía que la exdirigente de Junts fuera condenada a 21 meses de prisión, por debajo de los dos años que representa la pena mínima para entrar.

    Borràs fue condenada por el Supremo a cuatro años y medio de prisión y trece de inhabilitación por el fraccionamiento de 18 contratos a favor de un conocido suyo cuando presidía la ILC, entre 2013 y 2017. En la sentencia, publicada en 2024, se pedía también al gobierno español que indultara parcialmente a Borràs para rebajar la pena a dos años de prisión y que no tuviera que ingresar en un centro penitenciario.

    La condena publicada hace dos años tenía, además, un voto particular discrepante de la magistrada María Jesús Manzano, elemento que según ha defendido Boye, estaba «muy bien desarrollado». Boye también ha resaltado la diferencia entre la «falsedad» de un documento y su «mendacidad». «Los documentos considerados como falsos en la sentencia son documentos que no podían alterar nada al tráfico jurídico porque ni siquiera eran necesarios», ha apuntado ante la sala. Así, ha dicho que no había que presentar más de una oferta en los concursos de la ILC.

    Ante la sala, la fiscal ha admitido que conforme a la ley de contratos del Estado no era necesario la presentación de tres presupuestos en cada contratación menor. Sin embargo, ha apuntado que eso sí que estaba fijado en el reglamento impuesto por el Departamento de Cultura en la época en la que Borràs controlaba la ILC.

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