El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre la situación económica y patrimonial del exministro José Luis Ábalos y de su hijo, Víctor.
Una vez el Congreso concedió el suplicatorio, el juez instructor del caso ha reclamado la información sobre las cuentas y depósitos bancarios, los bienes inmuebles o vehículos registrados a nombre de ambos, y su eventual participación en entidades mercantiles donde consten como administradores, socios o partícipes.
El magistrado Puente, además, ha vuelto a citar a Ábalos para que declare el próximo 18 de febrero en calidad de investigado, y ha avanzado que tras esta comparecencia decidirá sobre la eventual adopción de medidas cautelares.
Todo ello en el marco de la investigación contra Ábalos por delitos relacionados con contratos de emergencia suscritos por administraciones públicas durante la pandemia de la covid-19, un caso por el que Ábalos ya declaró voluntariamente el pasado mes de diciembre.
El magistrado también ha pedido a la UCO que le envíe el informe que realizó a partir de las comunicaciones telefónicas de Ábalos, su asesor Koldo García, y el supuesto conseguidor, Víctor de Aldama. Asimismo, el instructor también apunta hacia el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Según el auto, el informe debe contener la información de la totalidad de los dispositivos intervenidos a Koldo García y Víctor de Aldama, y hacer especial referencia a los mensajes que intercambiaron Ábalos, Torres o Cerdán, así como con «cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo». También pide la identificación de personas que contrataron a la supuesta acompañante de Ábalos, Jessica Rodríguez García, en las empresas Ineco y Tragsatec.
Igualmente, ha citado de nuevo a Koldo García el 18 de febrero como investigado para hacerle una prueba caligráfica y establecer una eventual coincidencia entre su letra y la que figura en los documentos aportados por Aldama.
Además, el juez también ha reclamado a Aldama que aporte en un plazo de 10 días la relación de pisos que asegura que facilitó para los encuentros que, según afirmó, mantenían Ángel Víctor Torres, Koldo García y Ábalos en Madrid, y ha reclamado al Ministerio de Transportes un informe sobre los viajes oficiales de Ábalos entre noviembre de 2018 y diciembre de 2022.
Finalmente, el juez ha citado como testigos a 17 personas entre el 25 de febrero y el 5 de marzo. Entre ellos hay ex-altos cargos del Ministerio de Transportes y el director del gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno Medina.
