El propietario de la Casa Orsola de Barcelona, Albert Ollé, ha abierto la puerta a vender la polémica finca, donde varios inquilinos están amenazados de desalojo porque no se les han renovado los contratos. «Supongo que finalmente acabaré vendiendo la finca. Cuando esto ocurra, es posible que se encuentren con un auténtico buitre que no tendrá ningún interés en preservar el patrimonio ni en encontrar acuerdos», ha manifestado en una carta abierta. En el texto, se defiende de las acusaciones recibidas últimamente, acusa a algunos inquilinos de malas praxis y asegura que él «sólo quería mantener de forma sostenible un edificio modernista».
El dueño de la Casa Orsola asegura que todos los inquilinos que se dirigieron directamente a la sociedad propietaria del edificio de l’Eixample «encontraron una solución», pero acusa al primer inquilino que debe ser desahuciado, Josep Torrent, de no querer hablar directamente con la propiedad, sino siempre a través del Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas). Ollé también acusa a otro vecino de impedir que su hijo trabaje para no perder la condición de vulnerable, y cree que algunos vecinos «instrumentalizan» la vulnerabilidad.
En referencia al primer vecino que debe ser desahuciado, quien responsabilizó de la situación al Ayuntamiento de Barcelona, a la Generalitat y al gobierno central, el propietario de la finca le dice que «quizás, en lugar de buscar culpables, debería reflexionar si su situación no es consecuencia de haber confiado en aquellos que prometieron miles de viviendas sociales y no construyeron casi ninguna, o de haber votado por quien impuso la obligación del 30% de protección oficial, paralizando así la construcción de nuevas viviendas en Barcelona». «Ahora todos pagamos las consecuencias», ha apostillado.
Ollé también agradece al Síndic de Greuges y al Ayuntamiento de Barcelona los intentos de mediación, «aunque quizás un poco tarde», y destaca que en los últimos tres años el edificio ha sufrido ocupaciones ilegales y actos vandálicos que han dañado el patrimonio modernista de la finca. «Puertas rotas, paredes pintadas y espacios comunes abandonados no son símbolos de justicia social, sino de la incapacidad para conciliar derechos y deberes», afirma. La misiva habla de «valores pisados» o «diluidos», pero se pregunta finalmente «quiénes son los verdaderos buitres».
