La sección cuarta de la sala tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso administrativo que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) había interpuesto contra el decreto de nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La APIF argumentaba en el escrito que García Ortiz no es idóneo para ocupar el cargo porque no es un jurista de «reconocido prestigio».
Los magistrados del Supremo, sin embargo, han rechazado el recurso por unanimidad un día antes de que el fiscal general comparezca ante el alto tribunal para declarar como investigado por un supuesto delito de revelación de secretos, en relación con la filtración del correo del abogado de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
