El Gobierno de la Generalitat de Catalunya obligará a las administraciones públicas a hacer un 50% de la compra de alimentos con productos de proximidad lo que afectará, por ejemplo, a los comedores de los centros educativos, las cárceles y los centros sanitarios. Es una de las medidas incluidas en la Estrategia Alimentaria 2025-2028 que ha presentado este miércoles el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Óscar Ordeig, de acuerdo con la Ley de Alimentación que el ejecutivo catalán prevé tener aprobada este 2025.
Ordeig ha apuntado que el producto de proximidad ahora representa solo el 20% de las compras de alimentos del sector público y ha asegurado que doblarlo generará un impacto de 100 millones de euros. En este sentido, ha defendido que hay que «educar y sensibilizar» a la sociedad sobre la importancia del consumo de km 0 «por motivos de sostenibilidad, progreso económico y social, salud y también por calidad».
El plan recoge una quincena de medidas que el ejecutivo del socialista Salvador Illa prevé desplegar a partir de este año siguiendo la Ley de Alimentación que inició el anterior gobierno liderado por Pere Aragonès (ERC). Ordeig confía en que el Parlamento dé el visto bueno al texto en los próximos meses.
Uno de los focos para fortalecer el consumo de proximidad pasa por las escuelas, donde el Departamento de Agricultura comenzará una prueba piloto de formación alimentaria. Será en una veintena de centros educativos para inculcar conocimientos sobre el consumo «para que el alumnado sea capaz de tomar decisiones sobre una alimentación saludable, sostenible y responsable». También en los centros educativos se quiere fomentar la recuperación de las cocinas propias en los comedores escolares.
En este sentido, a las escuelas, guarderías e institutos se les obligará a consumir al menos un 50% de los productos de proximidad, una medida que será extensiva a cualquier compra de alimentos por parte de las administraciones públicas, «porque Cataluña es uno de los lugares con más variedad de producciones agroalimentarias y eso da muchas posibilidades». «Las administraciones públicas tenemos que ejercer de escaparate de estos productores», ha defendido el consejero.
«No es ninguna autarquía ni cierre»
«En Cataluña hay que aumentar el porcentaje global de autoabastecimiento alimentario», ha recalcado Ordeig, que ha precisado que el plan «no pretende hacer una autarquía ni un cierre». Según el consejero, sería un «error» blindar la entrada de productos extranjeros, pero ha defendido que hacen falta medidas para incrementar el consumo local «porque, si no, habrá una desertización de la mayoría del territorio y el consumo dependerá de productos y precios impuestos de fuera».
Ordeig ha señalado la necesidad de «crear más progreso económico y social» a través de un mayor consumo de km 0, que ha asociado a «una mejor salud». Según el consejero, «muchos problemas de intolerancias actuales vienen derivados de haber sustituido la dieta mediterránea por otras opciones menos saludables».
Al mismo tiempo, ha defendido que tras la estrategia de incrementar el consumo está también la voluntad de preservar la «calidad» de los productos catalanes, «los cuales a veces son más valorados en China, Japón o Estados Unidos que en nuestra casa». Por este motivo, ha instado a la ciudadanía a tener en cuenta los alimentos de proximidad «y no tomar decisiones solo según el precio, sino también teniendo en cuenta la conciencia hacia el producto de nuestra casa».
Estrategia Alimentaria 2025-2028
La Estrategia Alimentaria 2025-2028 también incluye medidas relacionadas con facilitar infraestructuras alimentarias compartidas -como obradores y mataderos-, y la implementación de un programa de innovación para que la agricultura y la ganadería mejore en tecnificación y digitalización. En este sentido, se prevé un impulso del etiquetado inteligente para todos los productos catalanes.
En paralelo, el plan presentado por el ejecutivo catalán plantea establecer una financiación propia y específica para el sector alimentario, mejorar la organización interna para optimizar las negociaciones y desarrollar un nuevo modelo de asesoramiento en ámbitos como el relevo generacional o la gestión del agua.
Otras medidas planificadas son en relación con crear un observatorio agroalimentario rural que centralice los datos del sector, impulsar modelos de producción sostenible y desarrollar medidas que velen por el equilibrio de la cadena alimentaria, «para evitar abusos de los grandes distribuidores y garantizar la competitividad de los productores».
