El gobierno catalán deroga el régimen para sancionar a los ayuntamientos que excedían el consumo de agua

Illa defiende que "la solución no es ir poniendo multas" y dice que los incumplimientos son por falta de recursos

    Pantano de Sau (Jordi Borràs, ACN)
    Pantano de Sau (Jordi Borràs, ACN).

    El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha derogado el régimen para sancionar a los ayuntamientos y entes locales que excedieran el consumo de agua máximo durante la sequía. El Consejo Ejecutivo ha aprobado un decreto ley para modificar la legislación y eliminar las multas.

    En rueda de prensa, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que «la solución no es ir poniendo multas» sino que lo que hace falta es «ayudar» a los ayuntamientos y ofrecerles más recursos económicos y técnicos. «Cuando lo hacemos, resuelven los incumplimientos. Es bastante de sentido común», ha afirmado el presidente, que ha asegurado que los excesos de consumo eran por «falta de recursos».

    Con la aprobación de este decreto no se iniciarán nuevos procedimientos sancionadores por exceso de dotaciones máximas para abastecimiento de poblaciones en sequía ni proseguirá la tramitación de los expedientes sancionadores iniciados por este incumplimiento. El presidente ha defendido que los ayuntamientos no incumplían los topes «por voluntad manifiesta», sino por «imposibilidad por falta de recursos».

    Illa ha asegurado que «las leyes están para cumplirlas», pero ha remarcado que cuando los ayuntamientos tienen dificultades económicas u organizativas por su dimensión lo que hace falta es «ayudarles». En este sentido, el jefe del ejecutivo catalán ha afirmado que las ayudas económicas en el ámbito municipal han comportado «ahorros importantes» en el consumo de agua y ha augurado que cuando estén en marcha todas las infraestructuras hídricas «todavía habrá más ahorros».

    El Govern mantiene que la sequía «debe superarse con el esfuerzo de todos» y ha agradecido el «compromiso» de los municipios en la mejora de las redes de suministro, especialmente a raíz de las ayudas de la Agencia Catalana del Agua (ACA) por valor de 130 millones de euros.

    Además, remarca que a finales de diciembre de 2024 solo había 57 municipios que tenían una ordenanza de ahorro de agua y ahora, después de que la ACA pusiera a disposición de los ayuntamientos un modelo tipo, son 315 los municipios que han aprobado ordenanzas u otros instrumentos que incorporan medidas de ahorro de agua.

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