El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, han marcado los puntos de partida de esta XXVII Conferencia de Presidentes que debe abordar la financiación autonómica, la sostenibilidad de la sanidad, la gestión de la inmigración y la vivienda.
En una declaración institucional compartida, Sánchez ha apelado al reconocimiento de la «diversidad territorial» como uno de los factores que explican el buen momento de la economía española, y ha apelado a «el espíritu de concertación, colaboración y ánimo constructivo». La presidenta cántabra, sin embargo, ha lanzado el primer aviso recordando que hay que abordar debates como el de la financiación «entre todos, sin privilegios y en pie de igualdad».
La Conferencia de Presidentes ha arrancado formalmente a las 11 de la mañana con esta declaración institucional en la que el presidente español ha querido recordar que la democratización del Estado ha ido intrínsecamente unida al «reconocimiento de la diversidad territorial», un factor clave, ha dicho, para el desarrollo económico del Estado y para dar respuesta a los desafíos con «eficiencia y equidad».
En este marco ha destacado el encuentro de todos los presidentes autonómicos y del ejecutivo español como una imagen «poderosa» de la «unidad territorial» y del éxito de la «cogobernanza». «Tenemos que continuar en esta línea de cooperación, concertación y colaboración para dar respuesta a los ciudadanos», ha dicho, desde un «espíritu de concertación, colaboración y ánimo constructivo» para abordar los debates «desde una reflexión estratégica» y «materializarlos en acuerdos posteriores».
Poco antes, sin embargo, la presidenta de Cantabria había enviado un primer mensaje al presidente español. En un discurso donde también ha reivindicado la necesidad de «hablar, escuchar, entenderse y ponerse de acuerdo», ha recordado que es necesaria «lealtad institucional y trabajo compartido», y «poner el interés general por encima de cualquier otra consideración».
Sáenz de Buruaga también ha destacado que el desafío migratorio, la vivienda y la financiación autonómica afectan a todos, y por tanto «es necesario que lo decidamos entre todos, sin privilegios, y en pie de igualdad». «Tenemos que ser capaces de ofrecer acuerdos más allá de partidismos y personalismos», ha dicho, y «trabajar desde la lealtad y el sentido de Estado».
Reforma de la ley del suelo
Por otro lado, el gobierno español ha propuesto este viernes a los presidentes autonómicos una reforma de la ley del suelo con el objetivo de acelerar a recalificación de terrenos y la construcción de vivienda social. Según el ejecutivo, esta reforma debe ofrecer «más seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de modificar sus planes urbanísticos» y permitir «acelerar la construcción de viviendas asequibles», además de adaptar la normativa al reto del cambio climático.
El ejecutivo central también ha propuesto blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos «de forma permanente e irreversible» para «asegurar que el parque público asequible siga creciendo y llegue al 20% que tienen los países europeos avanzados».
Ante las trabas que ha encontrado por parte de las comunidades del PP, ha pedido a los presidentes populares que hagan uso de la ley de vivienda, recordándoles que las herramientas de la ley «están dando buenos resultados donde se aplican» y también «están contribuyendo a reducir el precio de los alquileres».
Atención a los pacientes con inteligencia artificial
El Gobierno de España también ha anunciado en la Conferencia de Presidentes que al inicio de 2025 transferirá a las comunidades autónomas 223 millones de euros extraordinarios para que financien la implantación y desarrollo de herramientas de inteligencia artificial que permitan mejorar la atención a los pacientes y el tiempo del personal sanitario.
Además, el ejecutivo central ha prometido que «consolidará y aumentará la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas», aunque lo ha vinculado a que «exista un compromiso firme de las comunidades autónomas a contribuir de forma sostenida a su financiación».
