El índice de riesgo en las carreteras catalanas, que mide la probabilidad de sufrir un accidente, ha crecido un 5,7% en los últimos tres años, cambiando la tendencia a la baja que se arrastraba desde hace 11, según se desprende del 23º estudio IRAP del RACC, que analiza el trienio 2021-2023. El incremento se explica porque la siniestralidad con víctimas mortales o heridos graves ha subido un 14%, de 509 a 581, mientras que la movilidad solo ha crecido un 8%.
«Los datos nos dan un toque de alerta porque vemos que están evolucionando de forma diferente a como lo hacían hasta ahora, teniendo en cuenta que el objetivo sigue siendo reducir a cero las víctimas mortales en 2050 y recortarlas un 50% en 2030», ha apuntado Cristian Bardají, director del área de Movilidad del RACC.
Según han indicado los responsables de la entidad, un 24% de la red viaria analizada presenta un riesgo alto o muy alto de accidente grave o mortal. Además, también han señalado que en las carreteras convencionales, las que no están desdobladas, la probabilidad de sufrir un siniestro con consecuencias «lesivas graves o mortales» es cuatro veces mayor que en el resto.
Otra de las conclusiones destacables del informe es que en el 45% de los siniestros graves y mortales registrados en este periodo han participado motocicletas. Bardají ha asegurado que combatir este fenómeno y revertir esta cifra debe ser una prioridad, dado que esta tipología de vehículos solo representan un 2,4% de la cifra global de movilidad.
Un año más, la Arrabassada ha vuelto a ser considerada la carretera más peligrosa de Cataluña, sobre todo por la elevada cifra de siniestros con motocicletas implicadas que tienen lugar. En este sentido, los datos han señalado que el 100% de los accidentes registrados entre 2021 y 2023 tenían una moto implicada. El tramo que concentra más accidentes es el enlace de la A-2 con la AP-2 y con la B-20, la B-10 y la C-32.
David Prat, director general de Infraestructuras de Movilidad del Departamento de Territorio de la Generalitat, se ha referido a esta vía y ha asegurado que la Generalitat «ya no sabe que más hacer» para reducir los accidentes. Ha explicado que en los últimos tres años se ha producido diez siniestros graves, ningún mortal, pero todos con motos. Además, ha recordado que en el año 2022 se hizo una inversión de 700.000 euros en separadores de flujos y cunetas pisables para mejorar la seguridad en la vía.
El informe IRAP, con datos de más de 6.300 km de la red viaria catalana, donde se concentra el 93% de la movilidad del territorio y donde tienen lugar el 78% de los accidentes con heridos graves y víctimas mortales, refleja el periodo 2021-2023, de forma que empieza tras la pandemia, cuando todavía había restricciones de movilidad. Así pues, hace una fotografía de los últimos tres años en los que los conductores han tenido que adaptarse a la «nueva normalidad».