Pescadores catalanes piden «sentido común» a la CE para rehacer su propuesta en el Mediterráneo

El sector reivindica sus "esfuerzos" y pide revisar el cálculo para evaluar los stocks de población

El president de la Federació de Cofraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abat

Los pescadores catalanes han apelado desde Bruselas al «sentido común» para que la Comisión Europea replantee su propuesta de reducir en un 79% -hasta 27 días por año- el número de jornadas permitidas para la pesca de arrastre en el Mediterráneo.

Coincidiendo con la reunión de los ministros de Agricultura y Pesca que se celebra en la capital belga, representantes del sector se han desplazado para apoyar la posición del gobierno español y, al mismo tiempo, «presionar» para que el ejecutivo mantenga sus exigencias.

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cataluña, Antoni Abat, ha pedido una revisión del cálculo científico que emplea la Comisión para evaluar los stocks de población y ha reivindicado los «esfuerzos» del sector.

«Únicamente venimos a reclamar el derecho a trabajar, que no es poco», ha indicado Abad, quien considera que la propuesta de la Comisión Europea supone «pisar una línea roja». «Es impensable, prácticamente diría que es ofensivo», ha apuntado en declaraciones a la ACN desde la sede del ejecutivo comunitario.

Para Abad, lo mejor que podría hacer Bruselas es «volver a sentarse y renegociar» el reglamento. Más aún teniendo en cuenta los «esfuerzos» que ha llevado a cabo el sector durante los últimos años para adaptarse a las exigencias de la Comisión, las cuales buscan garantizar la calidad de los stocks de población en el mar. «Como pescadores, notamos que estamos cogiendo más pescado, y no poco; hemos visto el fruto de estas medidas», reivindica.

Coincidiendo también con la reunión de los ministros de Agricultura y Pesca que se celebra este lunes y martes en Bruselas, las barcas de pesca de varios puertos catalanes no han salido al mar. Al mismo tiempo, pescadores y pescaderos han protestado ante la sede de la Comisión Europea en Madrid para que el ejecutivo comunitario retire una propuesta que califican «de inviable».

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