Carles Puigdemont no contaba con Oriol Junqueras tras el referéndum del 1-O. El presidente de ERC era ya un lastre, pero mientras de cara a la opinión pública Puigdemont simulaba que formaban un tándem fantástico (uno, en Bruselas, y el otro, en la cárcel), la realidad era justamente la contraria. Junqueras todavía no había sido condenado por sedición, pero sí por Junts per Catalunya (JxCat), que lo borraba del futuro mapa político catalán por traidor.
Los documentos incautados a Víctor Terradellas, entonces el hombre más cercano a Puigdemont y el puente para intentar llegar al Kremlin, muestran una inquietante división en el independentismo catalán y, lo más sorprendente, la intención de los posconvergentes de descabezar a ERC, de apartarla del cuadro de mando del procés y de pactar en secreto con la CUP para eliminar a los republicanos del mapa político catalán.
En la cúpula republicana se conocía esta realidad, y de ahí el alejamiento ostensible de Oriol Junqueras hacia todo lo que representaba Puigdemont. No era una cuestión únicamente de feeling personal, sino un divorcio político en toda regla, teniendo en cuenta que los de Puigdemont jugaban con las cartas marcadas y se la tenían jurada a Junqueras.
Un interesante documento bajo el título de La Via Republicana, conseguido por EL TRIANGLE, explica con todo tipo de detalles los pasos a seguir en el futuro, que no contemplaban la presencia de Junqueras en la futura República catalana. Por el contrario, sí figuraban dos hombres de ERC en el gobierno, que serían Xavier Vendrell y Joan Puigcercós. Ambos formaban parte, como Junqueras o Marta Rovira, del cuadro de mando del procés y de la cúpula organizadora del referéndum del 1-O, pero gozaban de la confianza de los posconvergentes. Para consumar su plan, pensaban utilizar convenientemente mossos leales a la República (o sea, a Puigdemont), guerrillas de los CDR que controlaran el territorio y, como herramientas ideológicas, utilizar TV3 y Catalunya Ràdio.
La estrategia marcada para llegar a la República, según detalla el documento, pasaba por la renuncia de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat tras las elecciones del 21 de diciembre de 2017. De todas formas, sin embargo, seguiría conservando su escaño en el Parlamento. Era una maniobra de repliegue para volver más adelante y ocupar otra vez el despacho de la plaza de Sant Jaume. El documento fue redactado en la primavera de 2018, antes de que fuera investido Quim Torra como nuevo presidente.
Esta circunstancia hace prever que debía investigarse «un nuevo presidente provisional». Su discurso de investidura debería hacerse en clave «de clara visión autonómica» para descolocar a las fuerzas constitucionalistas y generar confianza. Esto provocaría «descontento de la gente y perplejidad de las fuerzas unionistas. De manera inmediata, se anuncia un nuevo gobierno con clara voluntad de recuperar la dinámica autonomista. Lo encabeza quien os diré e incluye entre los consejeros figuras históricas de ERC que su partido no podrá vetar: Vendrell y Puigcercós».
Con este planteamiento, el Estado consideraría que había ganado y que había conseguido reconducir a los partidos independentistas en el camino autonomista y se vería obligado a «levantar el 155. Las fuerzas unionistas, eufóricas de victoria». A partir de ahí, comienza una etapa en la que Puigdemont asume todo el protagonismo, ya que al día siguiente del levantamiento del 155 el expresidente abre una oficina con el fin de «mantener equipo y contactos mediáticos para las actuaciones que vendrán».
La campaña contra ERC
El siguiente punto es el de la victoria de la República: «Entre dos y ocho semanas después de la investidura, nunca más tarde de ocho semanas, constitución del nuevo gobierno y toma de posesión de los nuevos consejeros (las consejerías clave son Interior, Economía y Presidencia)». Todos estos pasos son analizados en un informe de la Comisaría General de Información (CGI) del Ministerio del Interior que ha sido entregado al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. La clave está en el arrinconamiento de ERC por parte de la antigua Convergència. La excusa es que los republicanos son traidores y boicotearán la constitución de una República.
Según relata el documento, a partir de aquí, «aplicaremos la estrategia utilizada por Brzezinski a escala global y la trasladaremos a la península hasta el hundimiento del Estado español. Que no es otra que la teoría de la estrategia de tensión, confrontación versus negociación. Les presionaremos día sí día también en una serie de campañas que estamos preparando (sociales, políticas, ambientales, económicas, infraestructuras…), ofreciendo, de cara a la opinión pública y publicada, negociación, sin parar las campañas de confrontación. También de forma constante haremos algunas –pocas– movilizaciones pacíficas y controladas de desgaste del Estado mediante los CDR».
Es el comienzo del fin, según la épica independentista posconvergente, del proceso para llegar a la independencia plena. «A los 100 días de la formación de gobierno, aprovechando la posibilidad de hacer una celebración con concentración, y de forma coordinada y aprendida con las organizaciones políticas y sociales pertinentes, el nuevo presidente interviene desde Palau, recuerda la legalidad y legitimidad del referéndum del 1 de octubre y la proclamación de independencia, la reafirma, y proclama de forma irreversible la República catalana».
En el documento se sostiene que el 21 de diciembre de 2017 ganó el independentismo «contra pronóstico, liderado por Junts per Catalunya, gracias a la propuesta transversal ideada por el MHP Puigdemont. ERC, sin embargo, ha vivido su resultado como una derrota de partido y la está convirtiendo en derrota de país». La lectura que hacen los posconvergentes de la situación no sólo es falsa, sino que tergiversan la realidad para moldearla a sus planes de traición a ERC. De hecho, aquellas elecciones fueron ganadas por Ciudadanos, liderados por Inés Arrimadas, que obtuvo 1.109.732 votos. Junts acaparó 948.233 sufragios, y ERC se le acercó, hasta los 935.861 votos. Ciudadanos consiguió 36 escaños, Junts se quedó con 34 y ERC se tuvo que conformar con 32, pese a distanciarles sólo 13.000 votos.
La intención de los de Puigdemont era deslegitimar los resultados de los republicanos. «Lentamente se visualiza que no existe una mayoría de 70 diputados, ya que aquellos que corresponden a ERC, 32, mantienen el horizonte inconfesable de recuperar la pantalla autonómica por un periodo más o menos largo. La excusa de Esquerra es el ensanchamiento de la base social del independentismo, así como la voluntad de construir puentes con los Comunes. Existe, sin embargo, una clara voluntad de anotar la fórmula de éxito de Junts per Catalunya y, específicamente, quemar la figura del MHP Puigdemont». Por tanto, la prioridad era «quemar» antes la figura de Junqueras y su cúpula, que era tanto como decir «quemar» a ERC.
La negativa de Roger Torrent de proponer a Carles Puigdemont como presidente a finales de enero de 2018 era una señal clara, para los posconvergentes, de una conjura de ERC con el Estado español contra Junts. «Esquerra ha hecho todo lo posible para enviar señales claras al Estado que regresar al estadio autonómico (declaraciones de presos, discurso de toma de posesión del presidente Torrent, presencia en redes…). De facto, evita ningún avance republicano y evita también la legitimación y la propia investidura del MHP Puigdemont. Bloquea, pues, la voluntad democrática y legitimadora de la sociedad catalana de acuerdo con lo que se votó el 1-O y refrendar el 21-D. Llegados a este punto, es necesario establecer una estrategia fiable para hacer el último tramo del camino hacia la República. Estrategia que no será de dominio público, pero pactada con la CUP».
Llegados a este punto, la traición a ERC se habría consumado. Entrarían entonces en escena las entidades cívicas, como la ANC, para defender al presidente, al gobierno, a la institución, a la República y al Palau, «de la misma manera que defendieron las urnas el 1-O». Esta defensa física de activistas en las instituciones debería mantenerse durante un periodo «que puede ser de unos dos/tres meses (tenemos que poner un tiempo más o menos largo, tal vez, viendo lo que sucedió el 1-O que en medio día de agresiones se tuvieron que retirar; aquí, una semana o diez días creemos que será el tiempo de resistencia)».
En el informe de la CGI se sostiene que las bases de ANC, Òmnium y los CDR «demuestran una voluntad incansable de trabajar y hacer realidad el proyecto republicano. En cuanto a la ANC, con la incorporación a la presidencia de Elisenda Paluzie, el independentismo rebrota de la base arriba de la estructura». En la defensa de las instituciones tendrían un papel clave no sólo los activistas más radicales, sino también mossos leales a la República y, especialmente, los CDR, que deberían ser utilizados como fuerza de choque. «Se llama, sobre todo, a las personas mayores para ocupar las primeras filas. Se genera también una atención inmediata de la prensa y de la comunidad internacional». Este interés internacional, asegura el informe policial, es atribuido por los posconvergentes al «papel de Puigdemont en el exilio», y con ello generan otro dato más para hundir a ERC y su protagonismo en la estrategia.
El colofón del fantástico plan de Junts era resistir con esta estrategia. «Entendemos que la máxima presión e incluso ejercicio de la violencia contra la población puede ser de siete días. En este plazo, la comunidad internacional obliga a detener la violencia española (vistas las reacciones del 1-O, que en medio día se tuvieron que detener). Se produce el retorno del MHP Puigdemont para iniciar las negociaciones».
El informe policial resalta que en el documento original se advierte de que en seis meses habría una gran crisis económica en toda Europa, y eso abriría «una nueva ventana de oportunidad para el Principado para conseguir su objetivo».
*Puedes leer el artículo entero en el número 1600 de la edición en papel de EL TRIANGLE.
