Un informe del Senado sobre la financiación singular catalana, acordada entre el PSC y ERC para cerrar la investidura de Salvador Illa, ve riesgo de que la Generalitat llegue a hacer dumping fiscal al resto de comunidades autónomas si consigue más competencias tributarias.
La cámara alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha alertado de una posible actitud «desleal o nociva» que, además, podría generar el rechazo de la Unión Europea. «La fragmentación de la gestión tributaria entre una Agencia Tributaria Catalana y la estatal generaría incentivos para el fraude fiscal y fomentaría dinámicas de competencia fiscal desleal o nociva, aumentando los costes administrativos y afectando a la equidad fiscal», alerta el informe, elaborado tras la comparecencia de varios expertos, recoge la ACN.
«En las comparecencias se habló mucho de un supuesto dumping fiscal que se practica dentro del sistema actual, término que la mayoría de los expertos rechazaron. Que una comunidad autónoma baje sus impuestos dentro del rango que le otorga el sistema no se puede considerar nunca competencia desleal ni dumping, porque es su potestad y forma parte de su autonomía», defiende el texto que, previsiblemente, aprobará el PP este lunes en la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
Por el contrario, el informe del Senado avisa de que lo establecido en el acuerdo cerrado entre socialistas y republicanos «sí se podría llegar a considerar dumping«, aunque prefiere calificarlo de «competencia fiscal nociva». Según el texto, los expertos que han acudido en los últimos meses al Senado coinciden en que el acuerdo abre la posibilidad de que Cataluña utilice sus «nuevas competencias» para «atraer empresas y capital de otras regiones». Sin embargo, admiten que algunos especialistas consideran que estos riesgos podrían «mitigarse» con una normativa clara y «mecanismos de coordinación efectivos», añade la misma información.
El estudio, elaborado por los senadores integrantes de la ponencia de financiación de la comisión, también se refiere a la constitucionalidad del acuerdo. Estos representantes han remarcado que la «práctica totalidad» de los especialistas que se han consultado han determinado que el pacto entre el PSC y ERC representa un sistema de financiación que no se prevé ni en el régimen común ni en el régimen foral vasco y navarro, que son los dos sistemas, recuerdan, contemplados en la Constitución.
